El máximo tribunal del país emitió un fallo que permite la reapertura de juicios que ya habían finalizado, incluso cuando se presenten denuncias de fraude o actos irregulares en su desarrollo. La determinación fue adoptada con una estrecha mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, marcando un giro jurisprudencial respecto a posturas anteriores que impedían revivir procesos agotados bajo el argumento de que la ley adjetiva no lo permitía.
Cambio jurisprudencial con amplias implicaciones
Este cambio de criterio genera incertidumbre en el entramado jurídico, al cuestionar la firmeza de resoluciones que se consideraban definitivas. La decisión interpela directamente el principio de estabilidad procesal, uno de los pilares del sistema legal mexicano, y abre un debate sobre los límites entre la justicia material y la seguridad jurídica.
Se prevé que el impacto se extienda a múltiples ramas del derecho, particularmente en el orden contencioso administrativo, donde la posibilidad de impugnar actos gubernamentales depende de figuras procesales como la nulidad.
Implicaciones en el ámbito fiscal
En materia fiscal, la nueva postura podría permitir que la autoridad reabra juicios que ya tenían resolución firme, con el fin de impugnar créditos o decisiones previamente confirmadas. Sin embargo, la normativa vigente no contempla procedimientos para reactivar juicios concluidos, lo que ha generado preocupación entre especialistas sobre posibles arbitrariedades o decisiones retrógradas que perjudiquen a los contribuyentes.
El temor principal radica en que, al carecer de mecanismos legales claros, esta interpretación abra la puerta a revisiones selectivas que afecten la certeza jurídica, especialmente en asuntos donde ya se agotaron todas las instancias.
