La renuncia de los fiscales especiales procedentes del Estado de México no ha sido suficiente para erradicar la corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar de las expectativas generadas por el nombramiento de nuevos funcionarios respaldados por el secretario de Seguridad y el gobernador. Persiste un entramado de poder liderado desde dentro de la institución que continúa operando en áreas clave como la Fiscalía de Asuntos Internos, la Unidad de Narcomenudeo, la Coordinación de Litigación y otras dependencias vinculadas a delitos de alta incidencia.
Líderes de un círculo con antecedentes cuestionados
Al frente de este grupo se encuentra María Angélica Gómez Tello, quien funge como asesora directa de la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, y además es maestra de su pareja sentimental, Juan Manuel González Ortega, director del Instituto de Formación Profesional. Entre sus aliados se encuentran personalidades con trayectorias polémicas: su esposo, Pedro Federico Bermúdez Tepox, hoy fiscal especializado en Investigación de Asuntos Internos; María Luisa Pilar Aparicio Solano, actual fiscal especializada en desaparición forzada de personas y anteriormente a cargo de unidades de robo a casa habitación y de vehículos; María de la Luz Espinoza Coss, agente del Ministerio Público con pasado en la Fiscalía de Desaparecidos; así como Óscar Antonio Moctezuma Yáñez, María Guadalupe Campos Rivera, Carlos César Hernández y otros funcionarios con cargos relevantes.
Es llamativo que varios miembros de esta red, incluida Gómez Tello, formaran parte de una terna de 11 candidatos propuestos por colegios de abogados y partidos políticos para suceder a Gilberto Higuera Bernal en diciembre de 2024, justo cuando fue electa Pastor Betancourt. Además, procesos disciplinarios y denuncias que pesaban sobre algunos de ellos durante la anterior administración fueron archivados o desaparecieron sin resolución.
Antecedentes oscuros y acusaciones graves
María Luisa Pilar Aparicio fue objeto de investigaciones por no ejecutar órdenes de aprehensión y por perder juicios clave en materia de narcomenudeo debido a la falta de presentación de evidencias. Por su parte, Bermúdez Tepox fue retirado de labores como Ministerio Público tras múltiples denuncias por actos de corrupción en el C5 y en el distrito de Libres. Sin embargo, no solo fue reintegrado, sino promovido al cargo de fiscal de Asuntos Internos, lo que ha sido calificado como “la Iglesia en manos de Lutero”.
Sobre Gómez Tello circulan fuertes acusaciones en redes sociales, señalándola de exigir dinero a cambio de liberar inmuebles o propiedades aseguradas por la FGE en procesos relacionados con narcotráfico y otros delitos. Por su parte, María de la Luz Espinoza Coss es señalada de actuar con saña contra periodistas, de cometer actos de corrupción y de violar derechos humanos de pobladores de Atempan.
Un grupo de poder con historial negativo
Este núcleo representa el círculo interno de apoyo de la fiscal general, compuesto por funcionarios cuyos antecedentes han sido cuestionados reiteradamente. La ciudadanía y sectores de la sociedad civil exigen que la limpieza institucional no se detenga en los recién salientes, sino que profundice en estas estructuras aún vigentes.
Se espera que los nuevos fiscales designados el 13 de noviembre —entre ellos José Luis Hernández González, propuesto por el secretario de Seguridad, y Fredy Erazo Juárez, recomendado por el gobernador Alejandro Armenta— realmente impulsen una transformación real y expulsen a quienes aún mantienen prácticas corruptas enquistadas en la FGE.
A la asesora de la fiscal general del estado se le acusa de pedir dinero para liberar inmuebles o propiedades aseguradas por la Fiscalía
