Las indagatorias de Estados Unidos sobre la infiltración del crimen organizado en esferas gubernamentales no se limitan únicamente al periodo de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Una de las líneas de investigación más avanzadas se centra en Chihuahua, donde se han detectado nexos entre el narcotráfico y altos funcionarios del gobierno de Maru Campos. Recientemente, el Departamento de Estado canceló la visa a un alto funcionario estatal, y otro, con rango aún superior, estaría a punto de sufrir la misma medida. Incluso existe la posibilidad de que la gobernadora sea la segunda mandataria estatal a la que el gobierno de Donald Trump le retire la visa, ya sea por omisión o complicidad.
Orígenes del negocio criminal en la frontera
Las pesquisas no son recientes: se intensificaron tras el incremento de extorsiones a migrantes, fenómeno que se disparó durante la política de fronteras abiertas implementada por López Obrador y Joe Biden. Esta situación generó un negocio ilícito calculado en 100 millones de dólares mensuales, una cifra que supera con creces las ganancias derivadas del tráfico de cocaína. Al disminuir la migración hacia el final de la administración de Biden y con el regreso de Trump a la presidencia, estos delitos se redirigieron hacia ciudadanos mexicanos, empleando métodos extremos para forzar pagos, incluida la difusión en tiempo real de videos en los que se tortura y mutila a las víctimas.
El escenario cambió drásticamente cuando Trump clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en su primer día de gobierno. Esta medida permitió al Departamento de Seguridad Nacional activar operaciones contraterroristas en zonas fronterizas de Estados Unidos y México, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, directora nacional de Inteligencia y principal asesora del presidente y del Consejo Nacional de Seguridad en este ámbito.
Operaciones militares y coordinación internacional
Las operaciones se coordinan desde Fort Bliss, en El Paso, sede de la principal base militar para Texas y Nuevo México, y del Centro de Inteligencia de El Paso, donde durante medio siglo la DEA ha gestionado información sobre narcotráfico en América Latina. No obstante, el contraterrorismo no forma parte de las funciones de la DEA.
En el caso de Chihuahua, participan el área de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI —responsable junto con Joaquín López Beltrán de la captura de Ismael El Mayo Zambada en Culiacán el año pasado— y el Servicio de Marshals, que descifró las comunicaciones intervenidas por la CIA que permitieron la detención de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, durante la llamada Operación Cisne Negro, encabezada por la Marina.
Testigos protegidos revelan vínculos de corrupción
Dos testigos protegidos del FBI han proporcionado declaraciones detalladas y escalofriantes sobre el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y del delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, ocurrido en 2022. Según su testimonio, una abogada con vínculos a un alto funcionario de la fiscalía estatal facilitó la emboscada, ya que mantuvo contacto constante con los agentes y les informó del momento exacto en que llegarían al lugar del ataque, resultado de sus investigaciones sobre extorsiones a migrantes.
La organización criminal La Línea, escisión del Cártel de Juárez y ahora aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación, es quien controla estas extorsiones. Se estima que este grupo domina el 80% del crimen en el estado. El 20% restante está bajo el dominio de La Empresa, una banda originaria de cholos mexicano-estadounidenses que opera a ambos lados de la frontera. Los testigos revelaron que estuvieron presentes cuando se tomó la decisión de asesinar a los agentes, quienes fueron convocados a Chihuahua por un alto funcionario de la fiscalía bajo el pretexto de revisar sus labores.
Control del crimen desde las cárceles
Según las investigaciones, el secuestro y la extorsión se coordinan desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, centro penitenciario frecuentemente vinculado a actos de violencia. El líder de Los Mexicles, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, de origen mexicano-estadounidense, controlaba estas actividades desde prisión hasta que escapó a finales de 2022 y murió días después en un enfrentamiento. Aunque su muerte fue un golpe, el control del Cereso 3 pasó directamente a La Línea, que ha expandido sus operaciones más allá de Ciudad Juárez.
Los Ceresos antes dependían de la fiscalía estatal, pero actualmente están bajo la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el cambio no ha disipado las sospechas sobre la colusión institucional con el crimen organizado. Por el contrario, ha aumentado la tensión, ya que cualquier intento de trasladar reos provoca motines, al poner en riesgo la estructura criminal montada dentro del penal.
Presión internacional y señalamientos políticos
La investigación estadounidense en Chihuahua tiene un trasfondo político: forma parte de una estrategia con tintes de venganza contra el gobierno de Biden. En octubre, Tulsi Gabbard mencionó públicamente la detención de Martha Alicia Méndez, conocida como La Diabla, acusada de operar una red transfronteriza de tráfico de bebés vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y afirmó que este caso formaba parte del “horror” que floreció durante la administración de Biden.
“horror” que prosperó durante el gobierno de Biden
Maru Campos parece no haber asimilado la magnitud de la presión que ejerce el gobierno estadounidense contra la narcopolítica. Su inacción en la reestructuración de las áreas clave de justicia y procuración ha generado nuevas sospechas: que fondos ilícitos estén siendo inyectados en las campañas previstas para la gubernatura de Chihuahua en 2027. Mientras más tiempo pase sin medidas contundentes, mayor será el riesgo para el gobierno estatal, en un contexto en el que Estados Unidos ha eliminado restricciones para enfrentar directamente a los cárteles.
