Canadá ha puesto en marcha una transformación profunda en su marco legal sobre ciudadanía mediante la entrada en vigor del Bill C-3, una legislación que reabre las puertas a personas con vínculos familiares y afectivos con el país, pero que hasta ahora se habían visto excluidas por restricciones históricas.
Fin del límite generacional en la transmisión de la nacionalidad
Anteriormente, la norma conocida como el tope de primera generación impedía que quienes nacieron fuera del territorio canadiense transmitieran su ciudadanía a sus descendientes también nacidos en el extranjero. Esta medida dejó sin reconocimiento legal a múltiples individuos que, pese a tener padres canadienses, no podían acceder al estatus por su lugar de nacimiento.
La nueva disposición elimina esa barrera automática y sustituye el criterio por uno basado en el vínculo real con Canadá. A partir de ahora, los hijos o hijas nacidos o adoptados en el exterior podrán obtener la ciudadanía si el progenitor canadiense acredita una conexión sustancial con el país, definida como la acumulación de al menos 1.095 días de permanencia física en Canadá antes del nacimiento o adopción.
Reparación a los ‘canadienses perdidos’
Una de las metas centrales de esta reforma es atender la situación de los llamados “Lost Canadians”, un grupo de personas que por errores legales, cambios normativos o exclusiones discriminatorias nunca obtuvieron o perdieron su ciudadanía. Durante años, estos casos alimentaron demandas judiciales y exigencias para modernizar una legislación considerada desfasada.
La actualización también incluye la naturalización automática de quienes habrían tenido derecho a la nacionalidad si no fuera por normas pasadas consideradas injustas u obsoletas. Asimismo, se establece un proceso más claro y accesible para solicitar el certificado de ciudadanía, permitiendo que los interesados verifiquen con mayor transparencia si cumplen los requisitos.
Continuidad y equidad en el trámite
Quienes ya habían presentado solicitudes bajo regímenes anteriores podrán ver sus casos evaluados con base en las nuevas reglas, sin necesidad de reiniciar el proceso. Esto representa un alivio administrativo y emocional para miles de familias que llevan años esperando una respuesta.
Desde el Gobierno de Canadá señalaron que la actualización de la ley responde a la necesidad de modernizar la legislación, alinearse con los valores de inclusión y corregir inequidades heredadas de normas anteriores.
El impacto de este cambio se extiende a familias que viven fuera del país, especialmente aquellas con lazos laborales, culturales o personales con Canadá. La reforma busca abrir el sistema sin renunciar a la exigencia de una relación tangible con la nación, evitando la transmisión automática de la ciudadanía sin presencia o conexión real.
