En una sesión legislativa, el Congreso de Coahuila dio luz verde a la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en el Estado, una propuesta impulsada por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, representante del PVEM. La medida busca alinear la normatividad local con los criterios federales y los documentos técnicos emitidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), con el objetivo de mejorar la supervisión y calidad de los servicios ofrecidos a quienes enfrentan problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas.
Consentimiento informado y prohibición de internamientos forzosos
La nueva ley prohíbe de manera categórica cualquier tipo de ingreso forzado o coercitivo a estos centros. Se establece como requisito obligatorio el consentimiento informado para cualquier tratamiento o ingreso. Además, se instauran protocolos para evitar prácticas que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y se refuerza la obligación de reportar cada ingreso y egreso ante el Ministerio Público.
Estas disposiciones surgen en respuesta a denuncias previas sobre violaciones a derechos humanos en algunos centros, lo que ha generado una urgente necesidad de regulación estatal.
Coordinación interinstitucional bajo un enfoque integral
Durante el análisis de la iniciativa, participaron organismos clave como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y dependencias gubernamentales de Coahuila, en línea con las directrices del gobernador Manolo Jiménez Salinas. El proyecto contó con el respaldo unánime de todos los integrantes de la LXIII Legislatura, evidenciando un consenso amplio y transversal respecto a la importancia de actuar frente a este problema social.
“Nuestro estado ejercerá su competencia para supervisar los establecimientos que atiendan a personas con consumo perjudicial de sustancias psicoactivas y con adicción, y para ello, articulará a través de un órgano colegiado la actuación de diversas dependencias y organismos públicos autónomos estatales en el ámbito de salud, seguridad, procuración de justicia, derechos humanos, desarrollo social y protección civil, sin invadir competencias federales ni duplicar funciones” menciona el dictamen.
Garantías de calidad, legalidad y derechos humanos
Con esta norma, Coahuila busca asegurar que los centros de atención a adicciones operen con apego a estándares de seguridad, legalidad, respeto a los derechos fundamentales y calidad técnica. La ley establece un marco de coordinación entre instancias estatales sin invadir las facultades federales, promoviendo una acción eficaz y articulada entre salud, justicia, derechos humanos y protección civil.
