Un grupo ciudadano identificado como Alianza de Usuarios del Transporte Público realizó una jornada de entrega de comidas el 25 de diciembre en el centro de Monterrey, destinada a personas que viven en la calle. Más allá de la acción solidaria, la actividad tuvo un fuerte componente de denuncia social, al señalar la ausencia de políticas públicas efectivas para atender a este sector de la población.
Acción humanitaria con enfoque social
Alrededor de las 11:30 horas, los miembros del colectivo iniciaron un recorrido por zonas donde habitualmente se refugian personas sin hogar. Durante la movilización, distribuyeron 150 tortas elaboradas con recursos propios, cocinadas desde muy temprano como un gesto concreto de solidaridad en una fecha en la que muchos servicios de asistencia no operan.
Jaime Noyola, vocero de la organización, indicó que esta iniciativa busca aliviar, aunque sea de forma temporal, una de las necesidades más urgentes: la alimentación. Destacó que quienes viven en situación de calle enfrentan diariamente la carencia de derechos fundamentales, entre ellos acceso a alimentación digna, servicios sanitarios, atención médica o apoyo psicológico.
Denuncia por abandono institucional
“Ser persona en situación de calle significa vivir en la total invisibilidad, sin un techo y sin acceso a servicios básicos. Es una realidad extremadamente dura que miles enfrentan debido a la pobreza extrema, el desempleo, la pérdida de bienes por desastres naturales o problemas de salud mental no tratados. El gobierno simplemente no les pone la atención que debería, dejándolos a su suerte en la vía pública”
El activista responsabilizó a las autoridades estatales y legislativas por la inacción frente a una población en alto grado de vulnerabilidad. Afirmó que existe una normativa específica para atender a personas en situación de calle, pero que en la práctica no se aplica.
Llamado a la acción colectiva
Noyola adelantó que el colectivo planea repetir esta actividad cada 25 de diciembre, con el propósito de institucionalizarla y ampliarla mediante la participación ciudadana. Buscan consolidar una red de apoyo permanente que supla, al menos parcialmente, la insuficiencia de los albergues oficiales.
Además, advirtió sobre los riesgos que representa la falta de atención integral, especialmente por el alto índice de enfermedades mentales no atendidas dentro de este grupo, lo cual incrementa la posibilidad de accidentes y situaciones de riesgo para ellos y para otras personas.
“Existe una ley diseñada específicamente para atender a las personas indigentes, pero hoy en día es una ley muerta, no se aplica en lo absoluto. Hay una omisión clara por parte del Gobierno del Estado y de los diputados locales, porque no hay ejecución de programas ni presupuesto asignado para una atención real”
El representante hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para que dejen de ignorar esta crisis humanitaria. Asimismo, invitó a la sociedad a no naturalizar el desamparo y a sumarse a iniciativas civiles que contribuyan a fortalecer el tejido comunitario.
