México encabeza la lista de fallecimientos relacionados con la contaminación del aire en Latinoamérica, un problema vinculado directamente al uso masivo de combustibles fósiles en el transporte. Ante esta crisis, la senadora María del Rocío Corona Nakamura, representante del Partido Verde, presentó una propuesta para transformar la flota vehicular del sector público.
Transformación del parque vehicular estatal
La iniciativa plantea que en todos los procesos de adquisición o arrendamiento de vehículos por parte del Estado se prioricen modelos con cero o bajas emisiones. Esta medida busca que las dependencias gubernamentales impulsen una movilidad más limpia, alineando las políticas de contratación con objetivos ambientales y de salud pública.
La legisladora destacó que el parque vehicular del país ya rebasa los 58 millones de unidades motorizadas, un crecimiento que ha desencadenado no solo altos índices de contaminación, sino también severa congestión urbana y pérdida de productividad en las ciudades.
Un problema de salud pública
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país ocupa el primer lugar en la región por muertes atribuibles a la mala calidad del aire. Además, se ha documentado que desde hace cerca de ocho años, el transporte público y de carga es responsable de hasta el 80 por ciento de la contaminación atmosférica en México, debido al uso extendido de vehículos con tecnologías desactualizadas y a la falta de controles rigurosos sobre sus emisiones.
“Se busca avanzar hacia una movilidad más limpia, contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, protegiendo el medio ambiente y la salud de las y los mexicanos”, afirmó la senadora.
Reforma legislativa para sostenibilidad
La propuesta busca reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de que la sostenibilidad ambiental sea un criterio obligatorio en las compras estatales. Esto incluiría favorecer vehículos eléctricos, híbridos o de tecnologías limpias en las contrataciones gubernamentales.
La armonización entre las políticas de adquisiciones y la protección del medio ambiente permitiría no solo disminuir la huella ecológica del Estado, sino también reducir las enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación, reforzando así el compromiso del gobierno con el bienestar de la población actual y futura.
