El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una modificación trascendental en el régimen de pensiones para empleados públicos al aprobar una disminución escalonada de la edad requerida para jubilarse. Esta determinación, emitida a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), busca revertir el modelo previo que postergaba cada vez más la edad de retiro.
¿Quiénes podrán acceder a la jubilación anticipada?
La medida no será aplicable para todos los trabajadores del sector público. De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, solo tendrán derecho quienes cumplan con ciertos criterios específicos. Entre ellos se encuentran quienes se encuentran bajo el supuesto del Artículo Décimo Transitorio, así como quienes tengan al menos 30 años de cotización si son hombres y 28 si son mujeres. Asimismo, deben no haber elegido el esquema de bonos de pensión.
En la práctica, esta disposición beneficiará principalmente a empleados del área educativa y de la administración pública que no se integraron al sistema de Afores.
Calendario progresivo de reducción de la edad de retiro
A partir de 2034, las mujeres trabajadoras del Estado podrán retirarse a los 53 años, mientras que los hombres lo harán a los 55. Actualmente, la edad mínima es de 56 años para mujeres y 58 para hombres, condiciones que, bajo el esquema anterior, continuarían incrementándose de forma anual.
El proceso de reducción se llevará a cabo de la siguiente manera: en 2025 se congela la edad mínima en 56 para mujeres y 58 para hombres. Durante 2026 y 2027 se mantiene esta misma edad, eliminando el aumento programado. A partir de 2028 comienza la disminución progresiva, culminando en 2034 con las nuevas edades mínimas.
Origen y justificación del cambio en el Issste
Este ajuste responde al cumplimiento de acuerdos establecidos entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Aunque no elimina la ley de 2007, modifica su aplicación en sentido contrario, favoreciendo a los trabajadores.
Cumplir este compromiso costará 36 mil millones de pesos
, afirmó en junio Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte,
la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la determinación como una medida en favor de las personas trabajadoras y de los derechos humanos
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