La adopción de vehículos eléctricos en México apenas supera el 1% del parque vehicular nacional, una cifra mínima comparada con el avance registrado en otras naciones, donde la electromovilidad ya forma parte integral de las políticas de transporte y desarrollo sostenible.
Infraestructura insuficiente y desafíos económicos
El país cuenta con apenas unas 200 estaciones de carga públicas, concentradas principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que evidencia una red insuficiente para impulsar una transición real. Esta limitante, sumada al alto costo de los vehículos eléctricos —que en promedio duplican el precio de uno convencional—, frena su acceso masivo entre la población.
Alfredo Del Mazo Maza, reconocido especialista en movilidad sustentable y políticas públicas, destacó que sin una estrategia clara basada en inversión, incentivos fiscales y un marco regulatorio robusto, México podría quedarse fuera de un mercado estratégico que ya impulsa la innovación y genera millones de empleos en el mundo.
Competitividad y compromisos ambientales en juego
“México debe acelerar su transición a la movilidad eléctrica, o si no, perderá la oportunidad de ser competitivo en la economía de la electromovilidad para 2026.”
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Energía han señalado que el transporte, responsable de cerca del 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es clave para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. La transición hacia vehículos limpios se ha convertido en una prioridad en países como Estados Unidos, China y los miembros de la Unión Europea, donde políticas contundentes están redefiniendo la industria automotriz.
En este escenario, expertos y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Movilidad (AMIA) coinciden en que México necesita triplicar su infraestructura de carga en los próximos tres años para tener una flota significativa de vehículos eléctricos.
Urgencia de acción inmediata
Del Mazo enfatizó que el año 2026 representa una fecha crítica para el país, un punto de inflexión en el que se definirá si México avanza hacia una movilidad moderna o se mantiene anclado en tecnologías obsoletas.
“En 2026, México tiene que dar un salto cualitativo en infraestructura, incentivos y marco regulatorio, o enfrentará pérdidas económicas, mayores emisiones y un rezago que afectará su competitividad en el escenario internacional”, concluyó Del Mazo.
La inacción, advierten analistas, no solo comprometería los compromisos ambientales del país, sino que también lo colocaría en desventaja frente a naciones que ya lideran la revolución de la electromovilidad.
