La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rocío Corona Nakamura, exhortó a los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como al Instituto Nacional de Migración (INM), a presentar informes detallados sobre la implementación de la nueva política migratoria y del modelo humanitario de movilidad en el país. El objetivo, señaló, es asegurar el respeto integral a los derechos de personas migrantes, en tránsito y refugiadas en territorio mexicano.
Crisis migratoria y vulnerabilidad estructural
Corona Nakamura subrayó que México enfrenta una compleja situación migratoria, en la que miles de personas, familias y colectivos viven en condiciones de vulnerabilidad, exclusión, discriminación y alto riesgo. En este contexto, insistió en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno actúen de forma coordinada, transparente y con responsabilidad compartida.
Destacó que los migrantes en situación irregular, así como quienes regresan al país, son algunos de los grupos más afectados por la discriminación estructural, especialmente niñas, niños y adolescentes que viajan sin compañía. Además, denunció que prácticas como la estigmatización, la explotación laboral y el rechazo social profundizan su precariedad.
Llamado a la rendición de cuentas
La legisladora consideró fundamental que las entidades con mayor afluencia migratoria informen con precisión cómo están aplicando una política migratoria basada en el respeto a la dignidad humana y en un enfoque humanitario. Señaló que, aunque la normativa nacional reconoce derechos como la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, la salud y la educación, en la realidad muchos migrantes enfrentan detenciones arbitrarias, desprecio institucional, exclusión social y falta de acceso a servicios básicos.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en 2022, una de cada diez personas migrantes de 15 años o más indicó haber dejado su lugar de origen por discriminación, violencia o inseguridad. Esta cifra, afirmó, evidencia la urgencia de políticas públicas efectivas, con enfoque en derechos humanos y justicia social.
“Solo mediante la rendición de cuentas, la coordinación institucional y la inclusión social será posible garantizar condiciones dignas de vida y el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en México”
