En uno de los municipios más rezagados de México, donde más del 95% de la población vive en pobreza y más de la mitad en pobreza extrema, según datos del CONEVAL e INEGI, resuenan fuertes señales de irregularidades financieras y administrativas. Mixtla de Altamirano, en Veracruz, enfrenta un escenario de opacidad que va más allá del ámbito local: 4.8 millones de pesos del ejercicio fiscal 2024 permanecen sin justificar, mientras bienes reportados como existentes no pueden ser localizados.
Bienes “fantasma” y documentos cuestionados
La administración municipal que encabezó Norma Estela Hernández Sánchez, militante de Morena, dejó tras de sí un patrimonio municipal con graves inconsistencias. La actual gestión denunció la ausencia de vehículos y maquinaria que aparecían en inventarios oficiales, incluyendo unidades que habían sido autorizadas para su venta por el Congreso del Estado en septiembre del año anterior. Entre los casos más llamativos figura una camioneta Ford Ranger Raptor 2023 incluida en el listado de bienes disponibles para enajenación, pese a que meses antes se había denunciado el robo de una unidad similar. Hasta la fecha, no se han presentado peritajes ni aclaraciones sobre esta coincidencia.
Además, se han reportado 13 vehículos y equipos pesados que no fueron localizados físicamente, lo que ha generado sospechas sobre su destino real. La documentación entregada por la administración saliente ha sido calificada de presuntamente falsificada, sin que hasta ahora se haya hecho pública evidencia que respalde las bajas de unidades declaradas como inservibles.
El Congreso avaló información falsa
El 10 de enero de 2026, el diputado Esteban Bautista reconoció que el Ayuntamiento había presentado documentos apócrifos, información que el Congreso del Estado aceptó sin detectar su falsedad. Este error institucional impidió que se activaran mecanismos legales en tiempo oportuno. Pese a la admisión de irregularidades, el poder legislativo únicamente anunció verificaciones futuras, sin establecer plazos ni sanciones concretas.
“La información enviada por el Ayuntamiento era apócrifa”
La fiscalización no se traduce en justicia
El ORFIS, órgano de fiscalización estatal, identificó de forma técnica el faltante de 4.8 millones de pesos en cuentas del municipio. Sin embargo, no se han emitido resoluciones firmes, ni se ha reportado la recuperación de los recursos. Tampoco hay sanciones impuestas ni procesos concluidos que responsabilicen a los funcionarios involucrados.
Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz, admitió que varios municipios llegaron con desorden administrativo heredado, pero no anunció medidas punitivas ni acciones concretas de restitución. Mientras tanto, la Federación mantiene silencio, sin pronunciamientos ni intervención en un caso que podría implicar delitos patrimoniales con recursos públicos federales.
Un patrón de impunidad en municipios morenistas
Mixtla no es un caso aislado. Al menos siete municipios gobernados por Morena —entre ellos Tamiahua, Nanchital, Lerdo de Tejada, Agua Dulce, El Higo, Las Vigas y Mixtla— presentan denuncias similares: daños patrimoniales, obras inconclusas y expedientes incompletos. En todos, el patrón es idéntico: se detectan anomalías, se reconoce parcialmente el problema, se anuncian revisiones y al final, prevalece la impunidad.
El costo de esta cadena de omisiones lo pagan las comunidades más vulnerables. En Mixtla, donde el rezago educativo, la falta de servicios de salud y la infraestructura deficiente son moneda corriente, cada peso no comprobado representa una escuela no construida, un camino no pavimentado, una consulta médica no atendida. La corrupción, o su tolerancia institucional, profundiza la desigualdad y expone la brecha entre el discurso anticorrupción del gobierno y su práctica real cuando los implicados pertenecen al partido en el poder.
