El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, fue detenido en una acción coordinada por autoridades federales, junto con tres funcionarios más de su administración municipal, en el contexto del Operativo Enjambre, diseñado para desmantelar estructuras de corrupción y redes con posibles nexos delictivos, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Entre los detenidos se encuentran el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el encargado de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tequila. Aunque aún no se han detallado formalmente los cargos específicos, todos fueron asegurados bajo el marco de esta ofensiva federal contra actos de corrupción y delincuencia organizada.
Conexiones con extorsión y crimen organizado
Según la SSPC, Diego “N” es investigado por supuestamente orquestar esquemas de extorsión dirigidos a empresas productoras de cerveza y tequila en Jalisco, así como por mantener vínculos con una célula operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Medios locales han señalado que el mandatario habría encabezado una red de corrupción estructurada desde el propio gobierno municipal, que habría presionado económicamente a comerciantes y empresarios de la región.
La Fiscalía de Jalisco ya había iniciado una investigación en su contra desde diciembre de 2025, tras denuncias presentadas por una activista y dos regidoras por presuntos actos de hostigamiento. Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso una queja formal por la remodelación irregular del Museo Nacional del Tequila, realizada sin los permisos correspondientes.
Antecedentes del Operativo Enjambre
El inicio de esta estrategia federal se remonta al hallazgo de una fosa clandestina en Nicolás Romero, Estado de México. El 22 de noviembre de 2024 se llevaron a cabo las primeras detenciones, que derivaron en el arresto de tres presidentes municipales de la entidad.
Entre ellos se encuentran Pedro Luis “N” y María del Rosario “N”, de Santo Tomás de los Plátanos, a quienes se les relaciona con un grupo delictivo de origen michoacano, y María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, procesada por el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara y su escolta. Este último caso ya culminó con una sentencia de 70 años de prisión para uno de los responsables.
“Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la extorsión y el combate a la corrupción”, destacó García Harfuch.
