**Familiares de personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela alertaron que el proyecto de ley de amnistía aprobado en primera discusión por el Parlamento no incluiría a más de la mitad de los presos**, pese a estar en proceso de consulta pública para su segundo debate y aprobación final.
Exclusión por fechas clave
Andreína Baduel, activista y líder de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), manifestó durante una protesta frente al Palacio Legislativo en Caracas que **”son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas”**. Denunció que el texto propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, omite detenciones registradas en años como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, cuando, según su organización, ocurrió la mayor parte de los casos.
Aunque el proyecto menciona una amnistía para hechos ocurridos desde 1999 hasta enero de 2026, su artículo 6 detalla solo ciertos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024, lo que deja fuera períodos de intensa represión.
Falta de participación de las víctimas
Baduel criticó que las familias y organizaciones civiles **no hayan sido escuchadas adecuadamente en la consulta pública**, y subrayó que una amnistía no es el único mecanismo jurídico para lograr liberaciones.
“Hay diversos mecanismos en la ley que pueden hacer que liberen a los presos políticos sin tener que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas”
, afirmó.
Argumentó que una revisión general de los casos permitiría la libertad inmediata de todos los detenidos, ya que, en su opinión, “todos esos procesos están viciados de nulidad porque no cumplen con los protocolos apegados a la ley”.
Justicia y reparación, no impunidad
La activista aclaró que **la amnistía no debe confundirse con olvido o impunidad**, sino que debe acompañarse de reparación para las víctimas.
“Estamos aquí denunciando que no solamente se materialice el cese de la represión, el cese de la persecución, el cese de las detenciones arbitrarias, sino que realmente haya garantías para la justicia y para la no repetición”
, agregó.
Decenas de familiares de presos recluidos en centros penitenciarios como El Rodeo I, Yare, Tocuyito y comandos policiales se concentraron en las inmediaciones del Parlamento para exigir su participación en el diseño de la ley.
Diálogo con legisladores
Los diputados oficialistas Jorge Arreaza, coordinador de la comisión que analiza el proyecto, y Pedro Infante, vicepresidente del Parlamento, recibieron a una comisión de familiares para escuchar sus inquietudes y propuestas respecto al texto legislativo.
Por otro lado, la ONG Foro Penal reportó 426 excarcelaciones desde el anuncio del proceso de liberaciones el 8 de enero, mientras que el Gobierno afirma haber liberado a 897 personas desde diciembre, **sin publicar un listado oficial que permita verificar los casos**.
