Los incidentes aéreos empleando drones contra personal de las fuerzas armadas han dejado de ser eventos aislados en México, mientras que el marco regulatorio encargado de supervisar el uso de aeronaves no tripuladas apenas alcanza a cubrir actividades recreativas, pese a que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es la encargada de su supervisión.
Ataques concentrados en regiones de alto conflicto
De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabilizó 16 agresiones contra sus tropas mediante drones y artefactos explosivos improvisados durante 2025 en estados como Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. La entidad con mayor número de incidentes fue Michoacán, donde se registraron siete ataques, principalmente en la zona conocida como Tierra Caliente.
El primer hecho ocurrió el 16 de febrero en Apatzingán, seguido por un nuevo ataque el 26 del mismo mes en Buenavista. El 7 de marzo se repitió en Aquila, y otra vez el 5 de junio en Buenavista. Además, hubo tres eventos más en Michoacán: uno el 17 de junio en Zitácuaro, otro el 19 de julio en Apatzingán y un último el 9 de octubre en Cotija.
Expansión del fenómeno a otros focos delictivos
Tras Michoacán, Sinaloa registró cuatro ataques con drones que transportaban explosivos. Tres de ellos tuvieron lugar en Culiacán, el 3 de abril, el 13 de abril y el 27 de septiembre, fechas en las que se intensificaba el enfrentamiento entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa, conocidas como Los Chapitos y Los Mayitos, que además mantienen un frente de conflicto con el Ejército Mexicano. El cuarto ataque en este estado se produjo el 21 de octubre en Badiraguato.
En el norte del país, se reportaron ofensivas en Sonora y Tamaulipas. En Oquitoa, Sonora, hubo un ataque el 26 de febrero; otro el 13 de marzo en Pitiquito. En Miguel Alemán, Tamaulipas, se registró un caso similar el 25 de octubre.
Marco legal insuficiente frente a amenazas tecnológicas
Fernando Gómez, especialista en regulación aeroportuaria, señaló que aunque las aeronaves no tripuladas de cierto tamaño deben registrarse ante la AFAC —adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)—, el sistema normativo aún se encuentra en etapas tempranas y presenta múltiples vacíos, especialmente en lo referente al uso ilícito de estos dispositivos.
En 2024 entró en vigor una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que sanciona el uso indebido de drones. Las modificaciones establecen penas de entre 15 y 40 años de prisión para quienes empleen estas aeronaves en la comisión de delitos. Si el ataque está dirigido contra miembros de las fuerzas armadas o de seguridad pública, las sanciones alcanzan su extremo máximo.
Normatividad enfocada en ingresos, no en seguridad
Actualmente, el uso de drones en el país se rige por la NOM-107-SCT3-2019, la cual contempla trámites de registro y licencias, pero no obliga a un control generalizado de estos aparatos. Además, su enfoque principal está orientado al aprovechamiento comercial del espacio aéreo con fines de generación de ingresos, más que a la prevención de riesgos para la seguridad nacional.
