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Tres prioridades para el renovado Poder Judicial: Justicia social, acceso a la legalidad y lucha contra la corrupción

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Enfoques prioritarios para la renovación del Poder Judicial

La ministra Lenia Batres señaló tres aspectos fundamentales que deberán caracterizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al conjunto del Poder Judicial federal a partir del 1 de septiembre de 2025, cuando asuman sus cargos los nuevos integrantes del sistema judicial. Entre ellos destacan la justicia social, el acceso universal a los mecanismos legales y la implementación de políticas de austeridad con enfoque anticorrupción.

Transparencia en la gestión de recursos

En su declaración, la funcionaria detalló que la austeridad implica “un compromiso estricto con la administración eficiente, eficaz y económica de los fondos públicos, asegurando su transparencia y honestidad”. Subrayó la importancia de destinar adecuadamente el presupuesto hacia servicios judiciales de calidad, incluyendo infraestructura adecuada para la población y herramientas que faciliten el acceso a la justicia. También enfatizó la necesidad de mantener remuneraciones justas y proporcionales según los límites establecidos en la Constitución, eliminando privilegios para altos funcionarios.

Dimensionamiento del problema de sobresueldos

Un análisis reciente reveló que 2,377 empleados del Poder Judicial federal perciben salarios superiores al máximo constitucional permitido, es decir, más del ingreso que recibe la Presidenta de México. Esta situación representa un desvío de más de 2.167 millones de pesos en contravención al artículo 127 de la Carta Magna.

Manifestaciones de corrupción en el sistema

Además de las irregularidades en el manejo de recursos, existe otra forma grave de corrupción que afecta los derechos ciudadanos: el comercio encubierto de decisiones judiciales. La ministra alertó sobre los casos donde jueces emiten fallos favoreciendo a partes interesadas sin sustento legal, “distorsionando el sentido real de las leyes”. Esta práctica fomenta redes de influencia entre magistrados, abogados especializados en relaciones públicas, empresarios y servidores públicos que convierten casos judiciales en negocios compartidos.

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Mecanismos de control y rendición de cuentas

La reforma judicial actual incorpora medidas específicas para combatir estos problemas, entre ellas la restauración de facultades fiscalizadoras del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial mediante la Auditoría Superior de Hacienda, la ratificación constitucional del tope salarial para funcionarios y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá autoridad para sancionar a jueces, magistrados y ministros que violen las normas éticas. Estos cambios buscan incorporar transparencia y responsabilidad en un sistema que históricamente ha operado con poca rendición de cuentas ante la sociedad.

“Al tiempo.” Ministro SCJN