Un reciente operativo diplomático y judicial ha derivado en la entrega de 37 personas vinculadas con el narcotráfico al gobierno de Estados Unidos, un acto que evoca prácticas históricas del sistema de justicia mexicano. Esta acción recuerda las llamadas “cuerdas”, típicas de anteriores administraciones, cuando los reos eran trasladados a penales de máxima seguridad como parte de una estrategia pública de control del crimen.
Una tradición modernizada en la lucha contra el narcotráfico
En aquel entonces, los infractores eran enviados a lugares como las islas Marías, hoy convertidas en un centro recreativo, mientras que ahora el destino es Estados Unidos, donde enfrentarán procesos penales por delitos denunciados en ese país. Varios de estos individuos ya permanecían recluidos en cárceles mexicanas sin haber recibido sentencia definitiva.
Este intercambio internacional responde no solo a presiones del gobierno estadounidense, sino también a la necesidad de México de aliviar la carga que representan los detenidos de alto riesgo. Las cárceles mexicanas, etiquetadas como de máxima seguridad, han demostrado ser insuficientes para contener a estos grupos.
Resultados cuestionables en la estrategia de seguridad
En territorio estadounidense, los procesos suelen ser más severos y las condiciones carcelarias más restrictivas. La extradición se ha convertido en una herramienta recurrente del gobierno mexicano para cumplir con sus compromisos en la guerra contra el narcotráfico y reducir la presión diplomática.
Las autoridades mexicanas destacan avances mediante la destrucción diaria de laboratorios clandestinos, el decomiso de grandes cantidades de droga y la detención de líderes criminales en diversas regiones. Sin embargo, esta operación se repite de forma constante, lo que evidencia que las tácticas actuales no logran contener de forma definitiva la expansión del crimen organizado.
Persistencia del crimen organizado y nuevos frentes delictivos
Si bien ya fueron capturados los líderes de la mayoría de los grupos criminales, salvo los del cártel más poderoso, sus estructuras continúan operando sin interrupción. Los estados más afectados siguen bajo el influjo de estas organizaciones, y además han surgido células delictivas menores en otras entidades.
Estos nuevos grupos se han especializado en actividades como extorsión, fraude, amenazas y robo, delitos que han crecido en zonas donde antes no eran comunes. A pesar de reformas legales que endurecen las penas, el impacto real en la seguridad ciudadana ha sido limitado.
“Y aunque se detiene a supuestas figuras de los cárteles, la presencia de los cárteles y grupos delincuenciales continúa permeando en los distintos estados del país.”
Dudas sobre el futuro de implicados en la política
Un asunto aún sin resolver es la postura del gobierno frente a personajes políticos señalados de proteger a organizaciones criminales. En caso de que se actúe legalmente contra ellos, queda la incógnita sobre si serán procesados en México o también podrían ser enviados a enfrentar la justicia en Estados Unidos.
