Un juez federal emitió una orden de prisión preventiva contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en relación con una nueva acusación por el presunto desvío de cinco millones de pesos, confirmó su abogado, Pablo Campuzano. Esta resolución judicial dificulta aún más su posible salida del Reclusorio Norte, a solo dos meses de que finalice la pena de nueve años impuesta en su primera condena por corrupción.
Impedimento a la libertad anticipada
Desde finales del año pasado, las posibilidades de que Duarte obtuviera la libertad anticipada se desvanecieron tras la negativa de las autoridades judiciales, que argumentaron la existencia de un proceso pendiente por obstrucción a una investigación sobre desaparición forzada. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) no solo se opuso firmemente a su preliberación, sino que inició una serie de nuevas acciones legales por delitos de corrupción.
Entre ellas, destaca la denuncia presentada el 10 de diciembre por la fiscal general Ernestina Godoy, quien sucedió a Alejandro Gertz Manero. En este caso, se acusa a Duarte del desvío de 10 millones de pesos durante su gobierno (2010-2016). Esta medida fue vista como el inicio de una ofensiva legal ampliada, ahora reforzada con la resolución judicial de este jueves.
Acusaciones y contexto político
La defensa del exmandatario ha calificado estas nuevas imputaciones como una maniobra de carácter político, motivada por su intento de obtener la libertad anticipada en noviembre pasado. Sin embargo, el Gobierno federal ha rechazado esta interpretación y ha subrayado el grave daño económico ocasionado a Veracruz durante su administración.
“Se ha remitido al enorme desfalco que este causó a su Estado”, señalaron autoridades federales al justificar las nuevas acciones legales.
Extradición y limitaciones judiciales
Para poder procesar a Duarte por este nuevo delito, México solicitó autorización a Guatemala, país que lo extraditó en 2017. Esta solicitud es necesaria porque, según los acuerdos de extradición, solo se puede juzgar a una persona por los delitos especificados en la solicitud original. En su momento, México lo acusó por lavado de dinero y asociación delictuosa, por los que fue sentenciado. Cualquier nuevo juicio requiere el consentimiento del Estado que lo entregó.
Legado de corrupción en Veracruz
La sentencia actual de Duarte expirará en abril, pero no abarcó la totalidad de los desvíos cometidos. Investigaciones periodísticas, como las de Animal Político y MCCI, revelaron el uso de una red de 400 empresas ficticias para desviar 3.617 millones de pesos. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación documentó más de 62.000 millones de pesos malversados en fondos federales destinados a salud, educación, infraestructura y seguridad, lo que representa uno de los mayores casos de saqueo estatal en la historia reciente de México.
Este historial ha convertido a Duarte en un símbolo de la corrupción dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
