La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió investigaciones contra Movimiento Ciudadano (MC) y Morena por presuntos gastos no reportados derivados de la difusión de material promocional conocido como ‘acordeones’, utilizados durante la elección judicial. Carla Humphrey, titular de la comisión, advirtió que las irregularidades podrían resultar en sanciones severas, incluyendo la anulación de registros o triunfos electorales.
Procedimiento de investigación
En rueda de prensa, la consejera detalló que la Unidad Técnica de Fiscalización maneja 98 denuncias relacionadas con gastos de campaña, tres de las cuales corresponden a la utilización de ‘acordeones’ para orientar el voto ciudadano. Destacó que la Unidad de lo Contencioso Electoral inició una investigación para determinar el origen de los recursos utilizados en la producción, impresión y distribución de estos materiales.
“Una de ellas es una vista que nos dio la Unidad de lo Contencioso Electoral por los posibles gastos en los que se pudo haber incurrido por estos llamados acordeones para ver si se puede determinar desde las investigaciones que haga la Unidad Técnica de Fiscalización, de dónde y cuál es el origen de los recursos con los que se pagaron para la producción, impresión y difusión de estos llamados acordeones”
La funcionaria indicó que si se confirma que los recursos provienen de fuentes prohibidas, como fondos públicos o entidades no autorizadas, los gastos se incorporarían a los topes de campaña y se aplicarían sanciones en caso de exceder los límites permitidos. Señaló que la primera denuncia formal involucra a MC y al gobierno de Nuevo León, así como al partido Morena.
Verificación de recursos y controles
Humphrey enfatizó la importancia de esclarecer el flujo financiero detrás de la propaganda electoral: “Consideró que se debe esclarecer de dónde salieron los recursos para pagar estos acordeones, si son recursos públicos o privados, quién los produjo, quién los imprimió, quién y cómo los distribuyeron”. También mencionó que se analizan posibles irregularidades en la movilización de votantes y el respeto a la separación entre procesos electorales locales y federales.
La autoridad electoral confirmó que las candidaturas a cargos judiciales reportaron egresos totales por 191.4 millones de pesos, a pesar de haber recibido ingresos por 395.9 millones de pesos durante la campaña. A nivel federal, los registros indican 268.5 millones de pesos en ingresos y 122 millones en egresos, mientras que en jurisdicciones locales los montos fueron de 127.4 millones en entradas y 69.3 millones en salidas.
Plazos y consecuencias
El cierre formal del periodo de fiscalización está programado para el 28 de julio, fecha en la que se evaluarán posibles infracciones graves. La consejera recordó que “sí, sin duda” existe la posibilidad de anular triunfos electorales si se demuestran irregularidades financieras comprobadas, incluyendo financiamiento ilícito de organizaciones no autorizadas.
Desde abril se han emitido notificaciones sobre errores y omisiones en reportes financieros, además de solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Servicio de Administración Tributaria para contrastar datos proporcionados por las candidaturas. Los detalles sobre montos específicos se conocerán únicamente a través de dictámenes técnicos y proyectos de resolución una vez concluido el análisis completo.
