Políticas migratorias ampliadas afectan a ciudadanos naturalizados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un memorando que instruye a fiscales a enfocarse en la desnaturalización de personas que obtuvieron su ciudadanía mediante naturalización y que enfrenten acusaciones de actos graves como crímenes de guerra, violaciones a derechos humanos o actividades terroristas.
Esta acción representa una extensión de la política migratoria implementada durante el gobierno anterior, ahora aplicada incluso a residentes permanentes y ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales para obtener su estatus.
Requisitos para la naturalización y alcance del programa
Para lograr la ciudadanía estadounidense, los aspirantes deben residir en el país durante varios años, demostrar conocimientos sobre la lengua y estructura gubernamental, y mantener conducta considerada adecuada bajo normas legales.
Según datos oficiales, más de 7.9 millones de personas completaron este proceso entre 2014 y 2024. El memorando actual establece que se priorizarán casos relacionados con amenazas consideradas persistentes para la seguridad nacional, incluyendo crímenes de guerra, ejecuciones ilegales y violaciones flagrantes a derechos humanos.
Historial de casos y controversias legales
Desde 1990 hasta 2017, el Departamento de Justicia presentó menos de 300 casos de este tipo. Sin embargo, durante el periodo 2017-2021 se observó un incremento significativo, con 30 casos reportados en el primer año y más de dos mil revisados para posibles acciones legales.
Expertos en derecho señalan preocupaciones sobre el cumplimiento de garantías constitucionales. Una académica especializada advierte que este procedimiento podría vulnerar principios establecidos en la 14ª Enmienda, que protege la ciudadanía como derecho fundamental. También se menciona el uso histórico de esta herramienta durante periodos de tensión política en el pasado.
Nuevos criterios generan debate sobre libertades
Una de las disposiciones más cuestionadas incluye la posibilidad de actuar contra personas cuyas acciones se interpreten como una amenaza para la lucha contra el antisemitismo. Este punto ha generado inquietud sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión.
Un caso mencionado ocurrió en 2025, cuando se intentó deportar a un residente permanente activo en movimientos pro-Palestina, aduciendo que su presencia afectaba esfuerzos contra el antisemitismo.
Implicaciones futuras y desafíos legales
La División Civil del Departamento de Justicia ha colocado este procedimiento entre sus cinco prioridades principales. Aunque técnicamente legal, expertos advierten sobre la posibilidad de que se convierta en instrumento para objetivos con tintes políticos.
Esta estrategia representa un cambio en la aplicación de leyes migratorias, con repercusiones potenciales para millones de ciudadanos naturalizados, particularmente aquellos con historiales penales o que expresen posiciones críticas frente a políticas oficiales.
