Acciones judiciales contra líder campesino
El 29 de julio de 2025 se informó sobre la vinculación a proceso de Guillermo Aguilar Flores, representante del Frente Estatal de Productores Agropecuarios en Tamaulipas. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de perturbar el tráfico en rutas federales, específicamente en la carretera 101 y el paso fronterizo Reynosa–Pharr. Como parte de las medidas impuestas, se le prohibió involucrarse en nuevas protestas.
Detención y acusaciones formales
El operativo de captura se realizó el 28 de julio en Comas Altas, localidad del municipio mendocino, en colaboración con elementos de la Policía Federal Ministerial y el Ejército Mexicano. La orden judicial, emitida por un tribunal federal en Reynosa bajo el número 160/2025, se fundamentó en su presunta intervención en tres ocasiones donde se interrumpió el flujo vehicular en vías principales.
Las autoridades señalaron que estas acciones causaron trastornos en el transporte comercial, servicios de urgencias y la distribución de mercancías. Durante la audiencia inicial se dispuso que debía comparecer regularmente ante el sistema judicial y se le prohibió participar en nuevos disturbios viales.
Reacciones y contexto de las protestas
Tras conocerse su detención, diversas asociaciones rurales y figuras políticas regionales, incluida la legisladora Marina Ramírez Andrade, anunciaron que Aguilar había recuperado su libertad y agradecieron la solidaridad mostrada por sus seguidores. El protagonista de estos acontecimientos había organizado manifestaciones en comunidades como San Fernando, Ábasolo, Méndez, Jiménez y Soto la Marina durante el mes de julio de este año.
Las protestas, que incluyeron cortes prolongados en la ruta entre Matamoros y Victoria así como en el puente internacional Reynosa–Pharr, buscaban obtener un valor mínimo garantizado de 6,000 pesos por tonelada de sorgo y el cumplimiento de ayudas previamente acordadas para los períodos agrícolas de otoño-invierno en los años 2023 a 2025. Estos bloqueos provocaron conflictos con transportistas y quejas por daños financieros y alteraciones en el desplazamiento regional.
