Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a una propuesta republicana que establece un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas por trabajadores indocumentados a sus países de origen. La votación, que contó con 26 votos a favor y 19 en contra, se llevó a cabo en el Comité de Medios y Arbitrios. La iniciativa fue presentada por el presidente del comité, Jason Smith, y responde a las demandas del presidente Donald Trump.
División política en la aprobación del proyecto
La bancada demócrata se opuso en bloque al proyecto, mientras que los legisladores republicanos respaldaron de forma unánime la propuesta. La iniciativa forma parte del paquete fiscal denominado ‘Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley’, prioridad del presidente Trump.
El impuesto afectaría a más de 40 millones de personas, incluyendo titulares de permisos de residencia permanente y poseedores de visas, aunque los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos. Según The Associated Press, Trump anunció además que trabaja en un memorando presidencial para impedir las remesas de personas no autorizadas en el país.
Impacto económico y detalles técnicos
El Banco Mundial reportó que en 2023, las remesas desde Estados Unidos alcanzaron los 656 mil millones de dólares, una cifra equivalente al PIB de Bélgica. Los principales receptores de estos fondos son India, México y China.
El artículo 112105 del proyecto establece que el impuesto será pagado por quien realice el envío. Los proveedores de transferencias tendrán la responsabilidad de recaudar y entregar trimestralmente el impuesto al Tesoro, además de tener responsabilidad secundaria por los montos no cubiertos.
Contenido del paquete fiscal de Trump
El gravamen a las remesas está incluido en una agenda fiscal que busca hacer permanente la reducción de impuestos de 2017, aplicada durante el primer mandato de Trump. Entre otras medidas, contempla un recorte adicional de 1,300 dólares para la familia promedio estadounidense, un aumento en el impuesto a donaciones para universidades progresistas y la aplicación de la tasa corporativa a instituciones grandes.
El proyecto podría ser votado en el pleno de la Cámara de Representantes antes del 26 de mayo. En caso de ser aprobado, pasaría al Senado y, si se logra su ratificación en ambas cámaras, se convertiría en ley con vigencia a partir de 2026.
