El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, responsabilizó al gobierno federal por presunto daño ambiental derivado de la demolición de estructuras hidráulicas en su rancho ‘El Saucito’, después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectara una presa ilegal en dicho predio.
Fundamentos históricos y desacuerdo legal
El ex mandatario aseguró que las represas existentes fueron autorizadas en 1942, dos años antes del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, por lo que su operación no contraviene los acuerdos entre México y Estados Unidos. Además, señaló que dichas estructuras eran cruciales para la viabilidad del sector ganadero local.
Duarte manifestó preocupación por las consecuencias laborales y sociales que implicaría la destrucción de las presas, afectando tanto a empleados de la región como a comunidades indígenas que dependen del suministro de agua.
Acciones legales y antecedentes del caso
El rancho ‘El Saucito’ ha sido propiedad de la familia Duarte durante un siglo, según declaraciones del ex funcionario. Sus asesores jurídicos anunciaron que presentarán recursos legales contra la administración federal una vez que se tenga acceso al inmueble para evaluar los perjuicios ocasionados.
El Poder Judicial de la Federación autorizó el 10 de junio la demolición de las presas, como parte de las sanciones impuestas a Duarte por la Comisión Nacional del Agua. Esta decisión fue comunicada oficialmente por Conagua, destacando que la liberación del cauce natural del río beneficia al colectivo y respeta el derecho humano al agua.
“Conagua reitera su compromiso con la justicia y con la protección del agua como bien nacional, velando por su uso responsable, equitativo y en beneficio de toda la población, por encima de intereses particulares, todo siempre con estricto apego a derecho”.
