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Académicos y estudiantes de la Universidad Veracruzana exigen legalidad en proceso rectoral y amenazan con acciones legales

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Manifestación en Xalapa por supuesta ilegalidad en prórroga rectoral

Docentes, alumnos y empleados de la Universidad Veracruzana se movilizaron en Xalapa usando indumentaria negra como símbolo de protesta. La marcha partió hacia las instalaciones de la Junta de Gobierno en Murillo Vidal para exigir revisión del proceso que permitió la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez.

Académicos cuestionan fundamentos legales del acuerdo

Un grupo de profesores universitarios advirtió que emprenderá vías judiciales si no se anula la prórroga y se convoca formalmente al proceso de selección de nueva dirección.

“Tienen hasta el 30 de junio para que haya legalidad”

, declararon durante un acto frente a Rectoría. Participaron destacados académicos como Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez, quienes habían mostrado interés en contender por el cargo.

Cuestionamientos sobre procedimiento y participación

Entre las críticas, se destacó la supuesta improvisación de un marco normativo para justificar la decisión.

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“Se inventó un marco jurídico”

, denunció Marisol Luna, quien consideró el proceso sesgado e ilegal. Jorge Manzo señaló que se utilizó información obtenida mediante miedo y presión, mientras que Rafael Vela recordó que ya existía un posicionamiento contrario a la prórroga emitido el 6 de junio por el Consejo Universitario.

Denuncias de presiones durante el proceso

Según manifestantes, hubo coacción contra sectores vulnerables de la comunidad universitaria, particularmente trabajadores eventuales y profesores por asignatura.

“Los más vulnerables fueron los trabajadores eventuales y profesores por asignatura, presionados por operadores sindicalistas y autoridades universitarias”

, señaló Marisol Luna Leal.

Demanda de confrontación transparente de proyectos

Los protestantes coincidieron en la necesidad de validar públicamente los planes institucionales.

“El proyecto de Aguilar debe confrontarse con otros en igualdad de condiciones”

, afirmó el doctor Welsh. Cuestionaron además la baja participación ciudadana que respaldó la decisión – solo 1.65% de la comunidad universitaria – y la supuesta falta de verificación de logros anunciados.

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