El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó oficialmente que presentará cargos federales por tráfico humano contra Kilmar Ábrego García en Tennessee, previo a cualquier acción de deportación hacia un país no especificado públicamente, distinto de su nación de origen El Salvador.
Posición oficial del Departamento de Justicia
Chad Gilmartin, vocero del DOJ, afirmó rotundamente: “Este acusado ha sido imputado por crímenes horrendos, incluido el tráfico de niños, y no volverá a quedar en libertad en nuestro país”. La declaración se realizó el mismo día en que fiscales notificaron a una jueza federal sobre los planes gubernamentales de remoción sin fecha establecida para el procedimiento.
Procedimientos legales en curso
Durante una audiencia telefónica urgente, Jonathan Guynn, representante legal del DOJ, explicó que aunque existe voluntad de cumplir órdenes judiciales, “no hay un calendario definido” para implementar los procesos de deportación. La jueza federal Paula Xinis fue alertada sobre posibles intentos gubernamentales de expulsión inminente, lo que motivó una solicitud urgente de los abogados defensores para trasladar al acusado a Maryland, donde su esposa ciudadana estadounidense interpuso una acción legal contra la administración Trump por su expulsión previa en marzo.
Historial migratorio y acusaciones
El imputado residió más de diez años en Maryland junto a su familia compuesta por ciudadanos estadounidenses, pero fue deportado a El Salvador en marzo, incumpliendo una orden judicial de 2019 que impedía su expulsión por riesgos de seguridad derivados de amenazas de pandillas. Posteriormente fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por contrabando de personas relacionados con un incidente ocurrido en 2022 en Tennessee, cuando fue detenido por exceso de velocidad mientras transportaba a nueve pasajeros sin equipaje.
Controversias en el caso
Funcionarios gubernamentales han sugerido públicamente que Ábrego García tendría conexiones con la pandilla MS-13, aunque no han presentado evidencia concreta. El acusado niega categóricamente estas afirmaciones y el 13 de junio declaró su inocencia ante los cargos, los cuales sus defensores califican como una estrategia para justificar su envío a una prisión salvadoreña. En Nashville, la jueza magistrada Barbara Holmes otorgó libertad bajo fianza condicional, con la condición de que reside con su hermano ciudadano estadounidense en Maryland, pero suspendió temporalmente su liberación ante el temor de que sea deportado antes del juicio.
Posibles escenarios legales
La jueza ordenó presentar documentos adicionales antes del viernes para evaluar la viabilidad de garantizar la permanencia del acusado en Estados Unidos durante el proceso penal. César Cuauhtémoc García Hernández, especialista en derecho migratorio de la Universidad Estatal de Ohio, indicó que “Es poco común, pero no sin precedentes” que la administración busque deportar a alguien a un tercer país. Ábrego García tendría derecho a presentar argumentos legales en su defensa tanto ante tribunales penales como migratorios, mostrando pruebas de sus vínculos familiares y sociales en Estados Unidos. El proceso contempla múltiples instancias de apelación, desde la Junta de Apelaciones de Inmigración hasta cortes federales.
