México se encuentra a punto de implementar su reformada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo cambio más destacado consiste en que las empresas operadoras deberán entregar dispositivos móviles sin restricciones, tanto en planes prepago como bajo contrato. No obstante, se ha incorporado un mecanismo de salvaguarda diseñado para prevenir el incumplimiento de pagos cuando los equipos se adquieran a crédito.
Revisión legislativa y ajustes técnicos
De acuerdo con información publicada por El Economista, esta disposición fue incluida en los artículos 185 y 273 gracias a una propuesta presentada por Ricardo Sheffield Padilla, senador del partido Morena. El legislador argumentó que la redacción inicial podría ocasionar alteraciones en el ecosistema de telecomunicaciones nacional. La versión original del texto legal, de no haberse modificado, habría eliminado los incentivos para que las empresas otorguen financiamiento en la venta de equipos, favoreciendo a grandes almacenes que comercializan dispositivos a precios elevados sin incluir servicios asociados.
“Estuve trabajando todo el día en esa reserva, socializándola incluso con personas del gobierno federal”, manifestó Sheffield en declaraciones a El Economista. La modificación fundamental consistió en añadir un párrafo que encarga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establecer las directrices para el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Según el senador, esta incorporación evitó una avalancha de recursos legales por parte del sector.
Estructura regulatoria y protección de usuarios
La nueva normativa establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dependencia que forma parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), sustituyendo al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este organismo será responsable de determinar los protocolos de entrega de dispositivos desbloqueados, además de supervisar las condiciones comerciales y tarifarias de los proveedores.
El texto aprobado incorporó únicamente tres modificaciones durante el proceso legislativo en el Senado. Una segunda propuesta, impulsada por Javier Corral, abordó temas relacionados con la interrupción precautoria de transmisiones y la sostenibilidad económica de medios comunitarios. Ambas iniciativas contribuyeron a suavizar el impacto de la nueva ley sobre el sector.
Impacto en el mercado y preocupaciones regulatorias
El mercado mexicano de dispositivos móviles mueve anualmente más de 6,500 millones de dólares, con ventas que superan los 30 millones de unidades cada año. Sheffield explicó: “Se iba a generar un desequilibrio en favor de cadenas como Coppel o Elektra, cuyo negocio es vender equipos, no servicios. Eso afectaría a los usuarios, que pagarían más por los mismos teléfonos”. La intención declarada fue mantener la competencia equilibrada protegiendo tanto a los proveedores como a los consumidores finales.
La eliminación del IFT ha generado controversia, con críticas provenientes de partidos como el PRI y el PAN. Sus representantes afirman que el Ejecutivo ahora posee facultades totales sobre las telecomunicaciones, incluyendo el monitoreo de contenidos y administración del espectro radioeléctrico. Otro punto polémico es la obligatoriedad de vincular cada número telefónico a una CURP, junto con la autorización para obtener ubicaciones en tiempo real sin requerir autorización judicial, medida que el gobierno justifica como instrumento contra la delincuencia pero que enfrenta críticas por posibles afectaciones a la privacidad.
Los defensores de la ley, principalmente del partido Morena, sostienen que su objetivo fundamental es reducir la brecha digital y asegurar el acceso universal a internet. Entre las disposiciones favorables se encuentran el fomento al acceso al espectro radioeléctrico para pequeños operadores, la exigencia de metas anuales de cobertura y el impulso a la conectividad en zonas rurales. Sin embargo, críticos advierten sobre potenciales abusos en vigilancia y control, especialmente considerando la falta de autonomía constitucional de la nueva agencia reguladora.
