En el marco de la crisis provocada por intensas lluvias en Pahuatlán, pobladores han revelado un presunto acto de corrupción que entorpece la entrega de auxilio a comunidades golpeadas por la contingencia. Se acusa al presidente auxiliar de Xolotla, Benjamín Ramírez González, de exigir un pago obligatorio para permitir el tránsito de vehículos cargados con suministros esenciales.
Acceso restringido bajo cobro ilegal
Los habitantes indicaron que Xolotla es la única vía operativa para acceder a las zonas más afectadas, por lo que el supuesto cobro actúa como un obstáculo directo para la llegada de alimentos, agua potable y medicamentos. Este control arbitrario sobre el paso de ayuda humanitaria ha generado indignación entre los damnificados y organizaciones de la sociedad civil.
Se presentaron pruebas documentales que respaldarían las acusaciones, incluyendo un recibo sellado por la autoridad de la junta auxiliar, lo cual añade gravedad a los señalamientos y sugiere una acción institucionalizada.
Exigen intervención de autoridades estatales y federales
Ante el bloqueo de la solidaridad, los afectados han solicitado la intervención inmediata del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del presidente municipal de Pahuatlán, Eduardo Romero, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que la asistencia llegue sin condiciones.
“En un contexto de emergencia, la solidaridad y la cooperación deben prevalecer sobre cualquier intento de aprovechamiento personal o administrativo”
La denuncia ha desatado una fuerte ola de rechazo entre la población local, que exige transparencia en el manejo de la ayuda. La percepción de actos de corrupción en momentos críticos ha intensificado las demandas de justicia y supervisión ciudadana.
