En el marco de una sesión legislativa estatal, el diputado Arturo Zubía presentó una iniciativa de punto de acuerdo con el fin de exhortar al Congreso de la Unión a no avalar la propuesta presidencial de modificación a la Ley Nacional de Aguas. El argumento central del planteamiento radica en que las modificaciones previstas tendrían efectos negativos directos sobre productores del sector agrícola y ganadero, especialmente al alterar las condiciones de vigencia, transmisión y renovación de concesiones para el uso del agua, en medio de una severa crisis hídrica que ya afecta al campo.
Impacto en el sector primario
El legislador detalló que la reforma federal propuesta concentraría en la CONAGUA el control total de las concesiones, eliminaría por completo el régimen de transmisión de derechos, obligaría a la revisión de todos los títulos actualmente vigentes, convertiría el Registro Público de Derechos del Agua en un Registro Nacional y crearía nuevas causales para la cancelación o denegación de permisos. Zubía señaló que estos cambios se implementarían en un contexto ya complicado para los productores, marcado por la suspensión de ciclos de siembra, niveles mínimos en presas, plagas como el gusano barrenador y una creciente dependencia de la importación de carne.
“No se puede poner en riesgo a quienes producen alimentos para las familias del estado. Si existen irregularidades, que se sancionen, pero no se debe castigar a quienes trabajan de manera legítima”, afirmó textualmente el diputado, al advertir que la reforma generaría inestabilidad jurídica y pondría en peligro derechos consolidados por miles de agricultores y ganaderos.
Llamado a la responsabilidad legislativa
Zubía subrayó la vital importancia del recurso hídrico en Chihuahua, donde su uso es fundamental para mantener la producción alimentaria en zonas sometidas a sequías prolongadas y temperaturas extremas. Insistió en que cualquier modificación legal debe abordarse con enfoque técnico, no discrecional, y que es prioritario resolver primero los problemas estructurales del campo antes de reformar la normativa vigente.
“No se puede poner en riesgo a quienes producen alimentos para las familias del estado. Si existen irregularidades, que se sancionen, pero no se debe castigar a quienes trabajan de manera legítima”
El diputado concluyó solicitando que el Congreso de la Unión evalúe con profundidad el impacto regional de la propuesta, especialmente en aquellas entidades cuya economía depende fuertemente de la actividad agropecuaria, y que se garantice certidumbre jurídica para quienes dependen del agua como insumo esencial de su trabajo.
