La autoridad judicial de Perú dictó una condena de 11 años y 5 meses de cárcel contra el exmandatario Pedro Castillo, tras considerarlo responsable de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público, derivados de su intento por disolver el Congreso en 2022. Este fallo representa un hito dentro de la prolongada crisis institucional que atraviesa la nación andina.
Ascenso y caída de un líder outsider
Castillo, originario de un entorno rural y con trayectoria como docente y representante sindical, logró acceder a la presidencia en 2021 como figura ajena a las tradicionales clases dominantes del país, prometiendo transformaciones estructurales en un contexto donde el 33 por ciento de los peruanos enfrenta situaciones de pobreza. No obstante, su gestión se vio rápidamente envuelta en denuncias de corrupción y en una profunda pugna con el poder legislativo.
Durante el proceso legal, que duró ocho meses, también fueron procesadas otras siete personas vinculadas al caso, entre ellas la exjefa de Gobierno Betssy Chávez, quien desde el 3 de noviembre se encuentra bajo asilo en la Embajada de México en Lima. El fallo cierra una etapa procesal cargada de testimonios, pruebas documentales y análisis sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por Castillo en sus últimas horas en el cargo.
Un patrón de inestabilidad política
La sentencia se emitió apenas 24 horas después de que el exmandatario Martín Vizcarra fuera recluido en prisión preventiva por presuntas irregularidades durante su periodo como gobernador regional. Con estos eventos, Perú suma otro expresidente tras las rejas, evidenciando una recurrente inestabilidad política que ha marcado al país en los últimos diez años.
