La jueza Séptimo de Distrito en San Luis Potosí, Ma. Lucrecia Martínez Galván, con sede en Ciudad Valles, impuso una sanción económica a Ariadna Montiel Reyes, encargada de la Secretaría de Bienestar, por no acatar las suspensiones otorgadas a comunidades indígenas que promovieron amparos contra el recorte al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
Incumplimiento comprobado
En un auto resuelto el 27 de noviembre y dado a conocer al día siguiente, la juzgadora hizo efectivo el apercibimiento previamente notificado a la dependencia federal bajo la responsabilidad de Montiel Reyes. La multa asciende a 115 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 13 mil 011.10 pesos, cantidad que deberá pagar de forma personal e individual.
La resolución señala que, aunque la secretaría emitió oficios e instrucciones para mantener la situación actual respecto a los recursos del programa, dichas acciones se limitaron a ordenar la suspensión temporal de movimientos y la reserva en la transferencia de fondos, lo cual contraviene los efectos de la suspensión otorgada.
Contradicciones en las acciones federales
“Esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo cualquier acto tendente a ejecutar o aplicar la reducción del monto, señalado a las comunidades quejosas; efectos que se han informado en múltiples ocasiones e incluso, en el requerimiento de catorce de noviembre de dos mil veinticinco, se especificó que la concesión de la medida, no implica la que no se realice la entrega de dichos recursos a las comunidades quejosas, contrario a los mandamientos de reserva que ha emitido la responsable”.
Según la juzgadora, la suspensión fue otorgada precisamente para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades afectadas sin interrupción, y no para justificar su retención. Las instrucciones emitidas por la secretaría, lejos de cumplir con la medida cautelar, la obstaculizan.
Último llamado para cumplir con la justicia
Además de la multa, se exhortó nuevamente a la titular de Bienestar a cumplir, en un plazo de tres días, con lo establecido en los incidentes de suspensión 274/2025, 275/2025, 276/2025, 277/2025, 278/2025 y 279/2025, acumulados al 269/2025. Se reitera que el cumplimiento no implica dejar de entregar los recursos, ni negar su acceso a las comunidades que interpusieron los juicios.
De no acatar esta nueva instrucción, se le aplicará una multa adicional por 200 UMAs, lo que representaría un monto significativamente mayor, en cumplimiento de las facultades que otorga la ley a los jueces federales para hacer efectivas las garantías constitucionales.
