Organizaciones civiles han emitido una alerta urgente por las graves deficiencias en la implementación de medidas de protección del Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, especialmente en acciones supervisadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Interrupciones Críticas en Medidas de Protección
Desde hace ocho meses, y con mayor intensidad entre agosto y noviembre, beneficiarios del mecanismo han reportado la suspensión de medidas esenciales, como la retirada de vehículos y escoltas. Estas fallas han elevado su exposición al riesgo, dificultado su movilidad para ejercer sus actividades y provocado afectaciones físicas y emocionales como insomnio, miedo, incertidumbre y taquicardias.
Se han documentado al menos siete casos con fallas mecánicas graves en los vehículos asignados a las escoltas, incluyendo problemas en frenos, caja de velocidades y sistemas de iluminación. En tres de esos casos, las unidades fueron enviadas a revisión, proceso que demora varios días. Una defensora señaló que lleva más de una semana sin acompañamiento porque el único vehículo autorizado para su traslado sigue en reparación.
Reconocimiento Institucional y Falta de Respuesta Oportuna
La Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo confirmó, en diálogo con las organizaciones, la existencia de al menos diez casos con problemas similares, algunos coincidentes con los ya registrados por la sociedad civil. Asimismo, en al menos dos casos se ha reportado que las escoltas carecen de viáticos, lo que obliga a las personas protegidas a movilizarse sin acompañamiento o a usar transportes alternativos.
El 24 de noviembre, varias víctimas dieron a conocer estas fallas al Mecanismo. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido tardía. Tras más de diez días, no se han ofrecido explicaciones claras sobre las causas, el alcance ni las soluciones previstas.
Demandas ante un Sistema en Crisis
El Espacio OSC, el Consejo Consultivo del Mecanismo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y otras organizaciones han advertido sobre problemas estructurales, como la escasez de personal técnico y recursos para atender a más de 2,000 beneficiarios, la baja aceptación de nuevas solicitudes —solo el 25% de las 128 presentadas en 2025—, deficiencias en análisis de riesgo y planes de protección, y la falta de seguimiento oportuno en situaciones críticas.
Este deterioro representa un retroceso peligroso en la capacidad del Estado mexicano para salvaguardar a quienes defienden derechos humanos y ejercen la libertad de expresión.
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México
Llamados a las Autoridades
Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la SSPC para restablecer inmediatamente las medidas suspendidas y adoptar acciones que eviten la repetición de estos hechos.
Se insta también a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, adscrita a la Secretaría de Gobernación, a emitir un informe público sobre las irregularidades, cumplir con los protocolos de la Ley de Protección, garantizar la incorporación oportuna de nuevas personas en riesgo y fortalecer la institución con más personal técnico capacitado.
Finalmente, se exhorta a la Junta de Gobierno —integrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República— a supervisar el cumplimiento de los planes de protección y mejorar la coordinación interinstitucional para prevenir nuevas omisiones.
