La administración estatal enfrenta serias contradicciones respecto al manejo de la deuda pública, tras declaraciones de la gobernadora que desmienten afirmaciones previas de su gabinete. Mientras la secretaria de Gobierno había asegurado que se heredó una deuda ya liquidada y que se mantendría una política de endeudamiento responsable, la mandataria confirmó cifras contrarias: un pasivo inicial de 2 mil 900 millones de pesos, del cual solo se han cubierto 800 millones, dejando un saldo pendiente de 2 mil 100 millones.
Deuda sin impacto productivo
Se detalla que, a diferencia de la deuda anterior, utilizada para concluir un puente con alto potencial de generación de ingresos, el nuevo endeudamiento previsto no tendría fines productivos. Existen fuertes sospechas de que los recursos podrían destinarse al financiamiento de campañas políticas del partido Morena, en lugar de proyectos estratégicos para el estado. Además, se cuestiona la falta de transparencia en el ejercicio de más de 100 mil millones de pesos durante los últimos cuatro años.
“Si no ha explicado en qué se gastó los más de 100 mil millones de pesos que ha ejercido estos cuatro años, ¿cree usted que rendirá cuentas sobre este préstamo?”, se cuestiona en el texto original.
Incumplimiento flagrante de órdenes electorales
Por otro lado, la gobernadora y su equipo de comunicación no acudieron al curso de reeducación impuesto por el Tribunal Electoral, en cumplimiento de una sentencia por violencia política de género. Dicho curso estaba programado del 20 de octubre al 7 de noviembre, según lo ordenado por la autoridad, pero fue ignorado por completo.
“…pero nunca acudieron, se pasaron por el arco del triunfo el curso… y a ese Tribunal.”
Este desacato ha quedado impune, sin que el Tribunal Electoral haya emitido sanción alguna ni exigido disculpas públicas a las diputadas ofendidas, como lo indicaba la sentencia.
Precedente peligroso de impunidad
Este caso ha generado preocupación sobre la equidad en el cumplimiento de las resoluciones electorales. Se plantea si la afiliación a Morena otorga inmunidad frente a las decisiones del Tribunal, lo que erosionaría la credibilidad institucional. La ausencia de consecuencias abre un precedente donde se privilegia a ciertos funcionarios sobre la ciudadanía común, que sí debe responder ante las mismas instancias.
“¿Gozan de impunidad? ¿O es que el Tribunal Electoral solo sirve para amedrentar y perseguir a opositores, críticos y disidentes?”
- Se mantiene el cuestionamiento sobre la falta de rendición de cuentas
- El desprecio a las órdenes del Tribunal se considera un acto de desacato institucional
- Se advierte un doble estándar en el cumplimiento de las normas democráticas
