Un grupo de diputadas y diputados pertenecientes a la alianza integrada por el PRI, PAN y PRD en Coahuila ha presentado una propuesta legislativa con el fin de que los municipios del estado incorporen de forma obligatoria principios de accesibilidad universal en sus regulaciones sobre desarrollo urbano. La iniciativa busca modificar el Código Municipal local para incluir disposiciones claras que obliguen a los ayuntamientos a considerar las necesidades de personas con discapacidad, adultos mayores y quienes enfrentan limitaciones en su movilidad al momento de diseñar espacios públicos, vialidades y asentamientos humanos.
Obligaciones municipales en materia de inclusión
La reforma propuesta implica agregar un segundo párrafo a la fracción I del artículo 170 del Código Municipal, estableciendo que los gobiernos municipales deben garantizar la accesibilidad en sus reglamentos de desarrollo urbano. La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez fungió como ponente de la iniciativa, presentada por los integrantes de la bancada conocida como “Alianza Coahuila”. De concretarse, la modificación generaría un marco jurídico uniforme que obligue a todos los municipios a incorporar criterios técnicos que faciliten el acceso y uso de los espacios urbanos por parte de personas en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, según se expone en los argumentos de la propuesta, no existe una exigencia expresa en el Código Municipal que obligue a los ayuntamientos a adoptar estas medidas, lo que ha derivado en una aplicación desigual. Algunos municipios han implementado acciones inclusivas de manera voluntaria, mientras que otros carecen de tales disposiciones, generando disparidades en el acceso a servicios y espacios públicos.
Riesgos y desigualdades por la falta de accesibilidad
Las y los legisladores hicieron hincapié en que la ausencia de infraestructura accesible representa un peligro constante para miles de personas. Señalaron que obstáculos como banquetas sin rampas, cruces peatonales inseguros o edificios públicos sin adaptaciones adecuadas limitan de forma significativa la autonomía y la participación social de quienes viven con discapacidades o movilidad reducida.
“La falta de accesibilidad en el entorno urbano representa un riesgo cotidiano para miles de personas, al enfrentar obstáculos como banquetas sin rampas, cruces peatonales inseguros o edificios públicos inaccesibles, lo que limita su autonomía y participación social.”
Contexto estadístico y jurídico
La iniciativa se sustenta en datos oficiales que indican que en México existen aproximadamente 9.5 millones de personas con discapacidad, más de la mitad de ellas con 60 años o más. En Coahuila, el 5.2 por ciento de la población de cinco años en adelante presenta algún tipo de discapacidad. La reforma busca alinear las normas municipales con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como con la legislación estatal en la materia.
Además, se argumenta que la modificación aportaría certeza jurídica a las áreas municipales de desarrollo urbano y obra pública, permitiéndoles exigir y aplicar estándares técnicos de accesibilidad en proyectos urbanos. El propósito final es avanzar hacia una planeación más inclusiva, acorde con los compromisos nacionales e internacionales en derechos humanos.
