La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó impedir que el gobierno de Donald Trump desplegara efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, marcando un inusual contratiempo para la administración republicana en un tribunal mayoritariamente conservador. La decisión mantiene por ahora una orden judicial inferior que bloquea la federalización de tropas estatales en Illinois, en medio de tensiones entre autoridades federales y locales.
Un freno judicial al despliegue militar
Los magistrados permitieron que siguiera vigente una suspensión emitida previamente contra el envío de centenares de miembros de la Guardia Nacional al área metropolitana de Chicago. Esta medida responde a una demanda interpuesta por funcionarios de Illinois y líderes municipales que cuestionaron la legalidad del despliegue. El Departamento de Justicia había solicitado que se permitiera el movimiento de tropas mientras se resolvía el caso en instancias inferiores.
“En esta etapa preliminar, el Gobierno no ha logrado identificar una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois”, indicó la mayoría del tribunal en un fallo no firmado. Los jueces destacaron que la facultad presidencial para tomar el control federal de la Guardia Nacional probablemente solo aplica en situaciones “excepcionales”. Los ministros Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch expresaron su disconformidad con la decisión.
Choque entre poderes y visiones opuestas sobre el orden público
La administración Trump argumentó que el despliegue era necesario para proteger instalaciones federales y hacer cumplir las leyes migratorias, particularmente en torno a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el suburbio de Broadview. “Trump prometió al pueblo estadunidense que trabajaría incansablemente para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y proteger al personal federal de los alborotadores violentos”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “Nada en el fallo de hoy resta valor a esa agenda central”.
Sin embargo, autoridades locales y gobernadores demócratas rechazan esta narrativa. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó la resolución como “un paso importante para frenar el abuso constante de poder de la administración Trump y desacelerar la marcha de Trump hacia el autoritarismo”. Critican que la descripción del gobierno federal sobre las protestas —calificadas de violentas y descontroladas— no se corresponde con la realidad reportada por las fuerzas del orden locales.
La legalidad del uso militar en asuntos internos
El caso gira en torno a la interpretación de una ley que permite al presidente movilizar la Guardia Nacional si no puede “con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de Estados Unidos”. Trump ha utilizado este fundamento para justificar despliegues en ciudades como Portland, Los Ángeles, Memphis y Washington, D.C., muchas de ellas bajo liderazgo demócrata.
La jueza federal April Perry, designada por Joe Biden, emitió una orden temporal el 9 de octubre que detuvo el plan en Illinois. Consideró que no existía evidencia de rebelión ni de colapso en el orden público. “Los hechos no justifican las acciones del presidente en Illinois”, concluyó posteriormente un panel del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, integrado incluso por dos jueces republicanos.
Perry subrayó que “los funcionarios federales equiparan las protestas con disturbios y muestran una falta de apreciación del amplio espectro que existe entre los ciudadanos que observan, cuestionan y critican a su gobierno, y aquellos que obstruyen, agreden o ejercen violencia”. Añadió que el envío de tropas “sólo echaría leña al fuego”.
Un patrón de confrontación en múltiples frentes
El gobierno federal había federalizado a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y planeaba introducir tropas adicionales desde Texas. Las autoridades de Illinois y Chicago denunciaron estas acciones como ilegales. Tras las órdenes judiciales, se anunció la repatriación de efectivos enviados desde California a Portland y desde Texas a Chicago.
En otro frente, funcionarios de Portland y Oregón presentaron una demanda separada contra un despliegue planeado en esa ciudad. La jueza federal Karin Immergut, nombrada por Trump, emitió una prohibición permanente el 7 de noviembre. El gobierno federal ha apelado esa decisión.
En octubre, la Corte Suprema solicitó a ambas partes que presentaran argumentos sobre el significado de “fuerzas regulares” en la ley citada. Perry había determinado que este término se refiere exclusivamente a miembros activos del Ejército y la Marina, no a la Guardia Nacional. “La administración de Trump no hizo ningún intento de confiar en las fuerzas regulares antes de recurrir a la federalización de la Guardia Nacional”, indicó, y recordó que existen restricciones constitucionales al uso del ejército en labores policiales internas.
A pesar de haber sido respaldado en la mayoría de sus disputas legales desde su regreso a la presidencia en enero, este fallo representa una excepción notoria. La Corte Suprema ha favorecido repetidamente a la administración en temas migratorios, de seguridad y poder ejecutivo, lo que hace este revés aún más significativo.
