Economía

Dejan de ofrecer placas sin costo a vehículos ‘chocolate’ regularizados en San Luis Potosí

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La Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin) prevé recaudar 649.1 millones de pesos en el área de Control Vehicular para el ejercicio fiscal 2026, luego de dejar sin efecto el beneficio de placas gratuitas para vehículos extranjeros regularizados, incluyendo los conocidos como ‘chocolate’. Esta medida afectará a 121 mil 265 unidades registradas en San Luis Potosí que ya no tendrán acceso a la gratuidad en el emplacamiento, tal como ocurría en años previos.

Según detalla el Presupuesto de Ingresos 2026, el rubro de Control Vehicular comprende todos los impuestos derivados del registro, control y asignación de placas a automotores en la entidad. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Hacienda el próximo año, los vehículos regularizados pierden un alivio económico que muchos consideraban clave.

Impacto en zonas rurales

La eliminación de esta facilidad ha provocado descontento entre propietarios y gestores vehiculares. Nancy Martínez, especialista en trámites de regularización, advirtió que el cambio repercutirá de manera severa en comunidades rurales, donde estos vehículos son herramientas esenciales para labores agrícolas y ganaderas.

Destacó que esta decisión se suma al recorte de programas federales de apoyo al sector rural, así como al encarecimiento progresivo de gestiones para importación temporal o definitiva de unidades, lo que profundiza la crisis económica de los productores del campo.

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“La sensación es que muchas políticas públicas terminan sacrificando a quienes producen. Se trata de un trámite que ya se había aliviado y que ahora vuelve a representar una carga económica”

Un golpe adicional al campo

Martínez subrayó que la pérdida de la gratuidad en el emplacamiento afectará principalmente a campesinos y pobladores de zonas alejadas, al unirse a la desaparición de subsidios considerados fundamentales para la viabilidad de sus actividades productivas.

La medida, establecida en la nueva legislación fiscal estatal, marca un cambio significativo en la política de movilidad y control vehicular, con consecuencias directas en sectores que ya enfrentan múltiples presiones económicas.

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