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El lado oscuro del poder: acusaciones de corrupción y uso de pruebas ilícitas marcan el gobierno de Layda Sansores

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Desde que asumió el cargo, Layda Sansores ha sido señalada por mantener una doble moral: mientras en campaña prometió erradicar la corrupción, hoy enfrenta múltiples denuncias por proteger a funcionarios de su administración vinculados con desvíos de recursos. Durante más de cuatro años en el gobierno, ninguna autoridad de su equipo ha sido sancionada pese a las evidencias presentadas.

Red de desvíos en el gobierno estatal

Varios integrantes clave de su gabinete han sido señalados por malversación de fondos. Entre ellos figuran Raul Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit, grabados mientras retiraban grandes cantidades de efectivo de Palacio de Gobierno. También están bajo sospecha Xóchitl Mejia Ortiz, de la Sebien; Karla Sánchez Sosa e Isabel Espinosa Segura, de la Sedumop; Marcela Muñoz Martínez, de la SPSC; Ricardo Sánchez Cerino, del IEEA; Luis López López, del Indajucam; y Eutimio Sosa Espina, de Cultura. Además, circulan versiones sobre desfalcos en la Unidad de Comunicación Social, en Turismo y en la API.

La gobernadora ha dedicado esfuerzos a desacreditar al pasado gobierno, pero se ha negado a aclarar los escándalos que rodean su propia administración. Esta inconsistencia ha erosionado su credibilidad y elevado los niveles de rechazo entre la población.

Polémica por difusión de audios y videos

Fuentes periodísticas indican que Sansores continúa utilizando material obtenido mediante espionaje telefónico contra Alejandro Moreno, lo cual lo convierte en pruebas ilegales. Estos audios y videos se difunden semanalmente en un espacio conocido como el Martes del Jaguar, que ha generado críticas por su naturaleza sensacionalista.

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“Si alguien esperaba tregua entre Layda Sansores y Alejandro Alito Moreno, leyó mal. Este año, la gobernadora pasó de audios del Martes del Jaguar a las expropiaciones quirúrgicas, como los terrenos de la madre de Alito en Lomas del Castillo, estrenando reformas y acusando ‘utilidad pública’ con dardo patrimonial, incluido. Alito, responde llamando a Campeche ‘laboratorio del autoritarismo’… Layda gobierna atacando, Alito sobrevive denunciando. En la guerra de egos, ni a cuál irle.”

Analistas políticos consideran que esta estrategia busca desviar la atención del deterioro económico de Campeche y del colapso progresivo en los servicios de salud. Un caso que evidenció esta crisis fue el de un menor originario de Escárcega, fallecido tras un accidente aéreo en Galveston, Texas, al que no se le permitió el traslado en ambulancia desde su municipio hasta Mérida, Yucatán.

Desafíos de futuro

Mientras crecen las críticas y persisten las denuncias, la pregunta que queda en el aire es si la gobernadora cambiará su rumbo en 2026 o continuará encubriendo a sus funcionarios señalados. Aunque no ha habido sanciones ni investigaciones oficiales, los Frentes Políticos de Excélsior anuncian que nuevas revelaciones podrían hacerse públicas el próximo año.

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