La música regional mexicana atraviesa una transformación forzada en 2025, marcada por investigaciones, sanciones y presión social contra los llamados narcocorridos. Numerosos intérpretes han sido señalados por autoridades estatales y federales, obligándolos a modificar su contenido artístico o enfrentar consecuencias legales.
Los Alegres del Barranco: de la controversia a un mensaje antinarco
La banda originaria de Sinaloa, Los Alegres del Barranco, se vio envuelta en una investigación de la Fiscalía de Jalisco tras proyectar imágenes de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, durante una presentación en Zapopan. El hecho ocurrió en el marco del concierto “Los Señores del Corrido”, celebrado en el Auditorio Telmex, lo que desató acusaciones de apología del delito.
Ante la presión institucional, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, impulsó que el grupo ofreciera una reparación del daño mediante un mensaje musical. Como resultado, lanzaron “El Consejo”, un corrido que advierte sobre los peligros del crimen organizado. En el tema, se afirma:
“Siempre existen más opciones para salir adelante… solo quedan dos caminos: el del panteón o la cárcel”
.
La continuación del proceso judicial contra cuatro integrantes, su representante y su promotor dependerá del cumplimiento de esta medida. Aunque enfrentan multas y carpetas de investigación en distintos municipios, la suspensión condicional no descarta futuras investigaciones por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Natanael Cano desafía el marco jurídico en la CDMX
En el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el Coca Cola Flow Fest 2025, Natanael Cano reiteró su postura al interpretar “Cuerno Azulado”, uno de sus temas más polémicos, junto a Gabito Ballesteros. El momento fue ovacionado por el público, a pesar de las sanciones impuestas a Cano en otras entidades del país.
El cantante declaró frente a miles de asistentes:
“Aquí nos vale verga la vida y arriba los corridos, mi compa”
, frase que intensificó el debate nacional sobre la censura y la libertad de expresión. En la Ciudad de México no rige una prohibición explícita de este género, por lo que no enfrentó multas directas. Sin embargo, el artículo 208 del Código Penal Federal permite imponer sanciones como trabajo comunitario si se considera que hay apología del delito.
En Chihuahua, Cano ya ha sido sancionado con multas millonarias por presentaciones anteriores, y el caso continúa sin resolverse por completo, manteniendo viva la discusión entre creatividad artística y responsabilidad social.
Grupo Firme y la tensión con las autoridades en Baja California Sur
En La Paz, Baja California Sur, Grupo Firme encendió las alarmas al interpretar “Se fue la Pantera”, tema asociado a Jesús Esteban Espinoza Velázquez, apodado “El Pantera”, presunto operador del Cártel de Sinaloa. A pesar de que las autoridades locales desaconsejaron su ejecución, el vocalista Eduin Caz decidió ceder a la petición del público.
Antes de cantar, expresó con tono sarcástico:
“¿Oficial, se puede cantar la Pantera aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso… ¡Ya ni modo! Pues si nos apagan el concierto, a chin* a su madre”
. El video del momento se volvió viral, profundizando la tensión entre el entretenimiento, las normas legales y el rol del Estado.
En esta entidad no existe una normativa que prohíba expresamente los narcocorridos, al igual que en Sonora, Veracruz y Durango. En contraste, regiones como Michoacán, Nayarit y Aguascalientes, así como municipios como Tijuana y Ciudad Juárez, sí imponen sanciones severas por su interpretación.
La canción tiene un simbolismo particular en la zona, ya que Espinoza Velázquez fue asesinado en 2014 en Baja California Sur, lo que desencadenó una ola de violencia ligada al control del narcotráfico, reavivando el debate sobre la diferencia entre representación cultural y promoción del crimen.
Un escenario legal fragmentado y en conflicto
El año 2025 se caracteriza por una ofensiva sin precedentes contra los narcocorridos, que ha derivado en investigaciones, multas millonarias, cancelación de visas y modificaciones forzadas en el repertorio de artistas emblemáticos como Junior H, Luis R. Conríquez, además de los ya mencionados.
La disparidad entre legislaciones estatales genera un escenario complejo: mientras algunos estados toleran o incluso celebran esta música, otros han aplicado represión legal o económica. Esta falta de uniformidad alimenta el debate sobre si los narcocorridos son una expresión cultural legítima o un incentivo para la delincuencia organizada.
