El gobierno de Estados Unidos reveló haber capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una operación militar coordinada, cuyo desenlace implicó su traslado fuera del país. La Casa Blanca indicó que ofrecerá más información al público en una declaración programada para el sábado, mientras el continente latinoamericano reacciona con alarma ante el impacto en la estabilidad regional y la posible violación de la soberanía nacional.
Ataques militares y estado de emergencia en Venezuela
Horas antes del anuncio, se registraron múltiples explosiones en zonas clave del territorio venezolano. Las detonaciones afectaron instalaciones estratégicas, como la base aérea de La Carlota, así como áreas en Maracay, La Guaira y otras localidades del centro del país. Ante estos hechos, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia en todo el territorio nacional.
Desde Washington, el presidente Donald Trump difundió en su red social Truth Social que se trató de una operación de gran magnitud, ejecutada con la colaboración de agencias policiales estadounidenses. El mandatario ha mantenido durante su gestión acusaciones contra Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico, específicamente por su presunta dirección del Cartel de los Soles, cargos que forman parte de un proceso judicial poco transparente.
Antecedentes de tensión y control de recursos
Este episodio profundiza el enfrentamiento prolongado entre la administración de Trump y el gobierno de Maduro, que ya había incluido despliegues militares en el Caribe, ataques a embarcaciones acusadas de transportar drogas e intercepción de petroleros venezolanos. Venezuela ha denunciado reiteradamente estas acciones como invasiones a su soberanía, una postura respaldada por actores internacionales, incluidas las Naciones Unidas.
Trump ha admitido públicamente que el acceso a los recursos petroleros de Venezuela representa un interés estratégico para Estados Unidos, en el contexto de las nacionalizaciones iniciadas durante el gobierno de Hugo Chávez.
Reacciones internas y confusión en la cúpula gubernamental
En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó por televisión estatal que se desconoce el paradero de Maduro y exigió a Washington una “prueba de vida”. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció una “invasión” y aseguró que misiles y cohetes fueron disparados desde helicópteros, calificando el ataque como “ruin y cobarde”.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, emitió un comunicado grabado junto a uniformados, donde pidió a la población mantener la calma y evitar el “desespero” ante la incertidumbre.
Rechazo regional y llamados a la calma
“La operación constituye un precedente grave para la región”
Los líderes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y México, Claudia Sheinbaum, emitieron declaraciones conjuntas expresando su preocupación. Petro anunció la convocatoria a un consejo de seguridad y el despliegue de fuerzas en la frontera colombo-venezolana ante posibles flujos migratorios o crisis humanitarias.
El episodio revive el histórico patrón de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina, considerado por muchos analistas como un legado problemático para las relaciones interamericanas. Expertos señalan que la operación podría infringir no solo el derecho internacional, sino también la legislación estadounidense si no contó con la autorización del Congreso.
Incógnitas sobre el futuro político venezolano
La permanencia de Maduro en el poder desde 2013 se ha basado en elecciones cuestionadas por la oposición y por sectores internacionales, que las han calificado de fraudulentas. Durante su mandato, se han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos. Tras su captura, se desconoce el futuro del gobierno actual y el rol que jugarán los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado.
En Caracas y otras ciudades rige la orden oficial de confinamiento. Las reacciones ciudadanas son encontradas: algunos celebran la noticia dentro y fuera del país, mientras otros rechazan la intervención extranjera y exigen información verificable sobre la situación del presidente.
Por ahora, el destino político y judicial de Nicolás Maduro permanece en suspenso, a la espera de las aclaraciones prometidas por la Casa Blanca.
