Jorge Álvarez Máynez, ex aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano, presentó una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en contra de Ocesa y Ticketmaster, acusándolas de prácticas discriminatorias durante la comercialización de boletos para los shows de la agrupación surcoreana BTS en la capital del país.
Denuncia por acceso desigual para personas con discapacidad
El político señaló que quienes tienen alguna discapacidad y deseaban asistir a alguno de los tres conciertos programados para mayo de 2026 estaban obligados a adquirir un boleto adicional para un acompañante, a pesar de que ambos entraran al evento al mismo costo, lo cual calificó como una carga económica injusta.
“Es injustificable, tenemos una de las tarifas más altas del mundo. Ticketmaster cobra el 24 por ciento de cargos a los consumidores, pero ahora este nuevo componente de discriminación se debe denunciar”, denunció Máynez. Agregó que las compañías organizadoras deberían contar con personal capacitado para atender a personas con discapacidad, al igual que ocurre en aeropuertos, y que no debería recaer en ellas la responsabilidad de garantizar su propia accesibilidad.
Exigencias de transparencia y regulación
Máynez exigió que Ocesa brinde mayor claridad en sus precios diferenciados, ya que el costo más bajo para entradas destinadas a personas con discapacidad fue de mil 800 pesos, mientras que el más alto rozó los 18 mil pesos. También planteó la necesidad de implementar tarifas preferenciales para este sector de la población.
Además, consideró que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debe contar con herramientas legales más contundentes para sancionar a las empresas de venta de boletos. “No se va a resolver con una multa, pues en tan sólo tres conciertos habrá una ganancia de alrededor de 400 millones de pesos, si Profeco multa con el uno por ciento de estos ingresos, pues con gusto pagan y siguen afectando”, argumentó.
Llamado al poder legislativo
El excandidato reconoció el seguimiento que Profeco ha dado al asunto, pero aclaró que este no es un tema de buena voluntad, sino de regulación efectiva. Planteó que el poder legislativo debe intervenir para endurecer las sanciones y lograr una mayor transparencia en los procesos de venta, eliminando cargos ocultos y evitando abusos reiterados.
“Creo que es importante también que esto se atienda desde el poder legislativo para hacer efectivas este tipo de sanciones; creo que hay que regular estas cosas y un concierto de tal magnitud nos permite mantenerlo en agenda”
