La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución sobre la legalidad de la difusión de información personal en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando se aplica un beneficio de reducción de sanciones.
Origen del caso
Un caso específico motivó este análisis judicial: un contribuyente que corrigió voluntariamente su declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) recibió una multa durante un procedimiento de verificación fiscal. Al solicitar la remisión total de la sanción según el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, obtuvo el beneficio completo pero identificó que sus datos serían publicados en el portal oficial.
Disposición legal cuestionada
La controversia surgió respecto al artículo 69, párrafos décimo segundo, fracción VI, y décimo tercero, del Código Fiscal. Esta normativa permite la divulgación pública de nombres, denominaciones o razones sociales junto con las claves del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quienes obtienen beneficios fiscales. El afectado consideró que esta práctica violaba su derecho a la privacidad y otros principios constitucionales.
Análisis del Alto Tribunal
Tras evaluar el caso con base en el principio de proporcionalidad, los magistrados determinaron que la divulgación de esta información persigue un objetivo constitucional válido: garantizar el derecho ciudadano al acceso a información pública relacionada con finanzas nacionales. La sentencia enfatizó que esta transparencia permite el escrutinio social sobre decisiones que afectan ingresos y gastos estatales.
“Así, el impacto positivo que produce la norma es mayor en relación con la afectación al principio de protección de datos personales, toda vez que la norma busca tutelar un interés público que resulta de mayor relevancia que el interés particular del contribuyente, de manera que la medida prevista en esta resulta proporcional en sentido estricto”, destacó la Corte en un comunicado.
Consideraciones finales
Los ministros también concluyeron que la norma no afecta la seguridad jurídica, pues incluye un mecanismo para aclaraciones posteriores a la publicación, permitiendo a los contribuyentes presentar observaciones sobre la difusión de su información.
