Presidente colombiano decreta consulta popular pese a rechazo legislativo
El mandatario Gustavo Petro anunció el martes 3 de junio su intención de activar mediante decreto la realización de una consulta popular destinada a ratificar su reforma laboral, iniciativa que fue archivada en marzo por el Congreso y nuevamente rechazada en mayo. Esta determinación generó una fuerte polémica al incorporar además cuatro cuestionamientos sobre el sistema sanitario.
El jefe de Estado argumentó que el Senado incurrió en irregularidades durante el proceso de votación que impidió la consulta, justificando así su decisión de actuar unilateralmente.
“Por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente. Puede, o no, decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República, hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho”
, manifestó en cadena nacional.
Rechazo transversal de partidos tradicionales
Ocho formaciones políticas de oposición emitieron un comunicado conjunto calificando la acción como un “golpe de Estado” al ignorar la decisión ya tomada por la rama legislativa.
“La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASÍ rechazamos esta acción unilateral e inconstitucional por parte del Gobierno Petro”
, declararon.
Las agrupaciones hicieron un llamado a instituciones como la Corte Constitucional, Consejo de Estado y organismos electorales para que revisaran la legalidad del decreto.
“Instamos a las instituciones competentes […] para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”
, indicaron.
Presión sobre autoridades electorales y advertencia institucional
Los partidos también dirigieron un mensaje específico al titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, pidiéndole que verifique los requisitos legales antes de cualquier acción relacionada con el proceso consultivo.
“Confiamos en que el señor Registrador Nacional […] actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral”
, reiteraron.
Las fuerzas políticas alertaron sobre un posible escenario de crisis institucional si se mantiene esta vía unilateral.
“Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”
, sentenciaron. También recordaron que el Consejo de Estado ya había rechazado una demanda contra el archivo legislativo, convirtiéndose en un “acto definitivo” que legitima la autonomía judicial.
En su declaración final, las agrupaciones reafirmaron su apoyo a las instituciones y llamaron a la ciudadanía a defender la Constitución.
“Reiteramos nuestro respaldo y respeto incondicional a las Cortes […] frente a esta imposición unilateral que excede las funciones y competencias constitucionales del Gobierno. Igualmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para rodear a las instituciones y proteger nuestra Constitución”
, concluyeron.
